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... además la necesidad de sostén legislativo para los planes del Gobierno. El mensaje se produce cuando el oficialismo define la disposición real para negociar su megaproyecto

 

 

 

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El megaproyecto de Milei pone a prueba la capacidad de acuerdos

 

 

 

El Congreso, la Justicia y el frente externo concentran la atención del oficialismo en el monitoreo diario sobre la marcha de la ley ómnibus y la suerte del súper DNU. Cuentan los tiempos. Y en ese tablero complejo, el Gobierno acaba de sumar un primer aval del FMI, que oxigena las cuentas al menos en el primer cuatrimestre y, a la vez, agrega un mensaje que parece destinado especialmente al círculo presidencial más cerrado. Se trata de la expectativa sobre el sostén político que finalmente logre el plan inicial de Javier Milei. El trámite del megaproyecto en Diputados dará respuesta en los próximos días.

 

 

 

Las consideraciones que acompañaron el anuncio del reflotado entendimiento con el Fondo no alteraron, al menos de entrada, el mensaje de dureza y presión sobre el Congreso que pretende mantener el Gobierno. Luis Caputo sostuvo que si la ley ómnibus no resulta aprobada, el Gobierno debería “extremar los recursos” y se abriría un camino de medidas “más duras”. El ministro no computó el efecto político, es decir, la negativa combinación de impacto interno y señal externa que produciría una escalada de decretos, siempre sujetos a acciones judiciales.

 

Está claro, y esto lo expuso sin vueltas Caputo, que el acuerdo alcanzado con el organismo internacional no significa un nuevo programa. Es, en rigor, la reactivación del entendimiento que había firmado el gobierno anterior y que estaba caído de hecho por decisiones de campaña, como parte de la candidatura de Sergio Massa, con aval de Cristina Fernández de Kirchner y papel relegado de Alberto Fernández.

 

Miguel Ángel Pichetto habló sobre la negociación de la ley ómnibus: “Somos proactivos y aguantamos todo, pero hay cosas que no pasan”

 

En la práctica, y una vez que su directorio formalice el trato, el FMI habilitará 4.700 millones de dólares, necesarios para cumplir con la casi totalidad de los compromisos que vencen hasta abril, incluido. Y representa, al mismo tiempo, un gesto hacia Milei que no necesariamente asomaba como decisión automática por el simple hecho del cambio de gobierno.

 

 

Conocedores de los movimientos del FMI y ex funcionarios coinciden precisamente en ese punto: es una señal acotada pero positiva -en especial de Washington-, con la expectativa puesta en el ajuste, el alcance de las reformas y el primer recorrido político del nuevo gobierno.

 

Miguel Ángel Pichetto habló sobre la negociación de la ley ómnibus: “Somos proactivos y aguantamos todo, pero hay cosas que no pasan”

 

En buena medida, el mensaje del Fondo transitó esa línea. La portavoz, Julie Kozack, cuidó como siempre sus declaraciones, en este caso para referirse a aspectos concretos de la situación argentina. Destacó las “implicaciones fiscales” de las iniciativas legislativas de Milei y dijo esperar que el Gobierno logre avanzar con el “apoyo político para aprobar aspectos clave de estas leyes”.

 

 

No es una novedad que el discurso del organismo internacional refiera a la necesidad del sustento político amplio para planes de estabilización o ajuste. Pero la oportunidad y el contexto local le dan intensidad política especial, frente a un Presidente que logró un triunfo de alto impacto -también externo- en el balotaje, pero no cuenta ni de lejos con peso legislativo suficiente. Esa realidad le da a Milei capital para jugar su apuesta legislativa y, a la vez, señala que el desenlace para su megaproyecto de ley está atado a la capacidad y voluntad de negociar con la oposición más dispuesta a los acuerdos.

 

Guillermo Francos y Rogelio Frigerio, en la previa al encuentro con gobernadores de JxC

 

Las conversaciones con espacios opositores se dan en distintos ámbitos -incluidos contactos reservados- y en todos los casos registran resultados similares: reclamos y planteos de apoyo, pero en ningún caso a libro cerrado. Y menos, en cuestiones sensibles como la extensión y los límites de la delegación legislativa en el Ejecutivo o el renglón de las jubilaciones y el intento de reforma electoral.

 

Hasta ahora, y sin rechazar tanteos, el punto sigue siendo cuál es la mesa para negociar un acuerdo que luego sea trasladado al recinto. De diferente modo, es lo que exponen buena parte del PRO, el bloque de la UCR -con sus internas- y la más reciente formación que integran legisladores de JxC vinculados a algunos gobernadores, peronistas no kirchneristas y representantes de la CC.

 

El recurso de las negociaciones directas con gobernadores es complicado por sí mismo y tampoco garantiza alineamientos mecánicos. Por supuesto, es una puerta, incluso en el caso del peronismo/kirchnerismo, cuyos bloques rechazan el proyecto y el DNU, pero no mostrarían la misma unidad cuando se habla de cuestiones de interés de cada jefe provincial.

 

Guillermo Francos ha tendido puentes con gobernadores del PJ. Al menos un par de ellos parecen más flexibles o menos dispuestos a sostener un enfrentamiento duro y en continuado con el gobierno nacional, como aspira el kirchnerismo. Por ahora, además, actúan sobre todo en función de intereses regionales -hidrocarburos, biocombustible, pesca-, junto a colegas de otros espacios políticos.

 

Eso pone sobre la mesa temas concretos como los señalados. Facilita la negociación de acuerdos puntuales, como los compromisos para modificar o dejar de lado artículos del megaproyecto oficialista. Ocurrió con la actividad pesquera y con el rubro referido a biocombustibles. En parte, también, cuando asomaron los reclamos por las retenciones que afectarían a economías regionales.

 

En el tablero de la fragmentación política, algo más ordenado fue el encuentro de Francos y Caputo con la decena de gobernadores de la UCR y del PRO. Hubo un tratamiento más amplio de las posiciones frente a la ley ómnibus. De todos modos, quedó claro el reclamo por cuestiones específicas de las provincias allí representadas, no sólo en materia económica sino además política. El ejemplo más claro: el rechazo a la reforma electoral impulsada por el Gobierno en su mega propuesta.

 

El oficialismo busca acelerar el trámite, que seguirá la semana que viene con presencia de organizaciones civiles, movimientos sociales y otras entidades en el plenario de comisiones de Diputados. Será el momento de ir redactando los dictámenes. Los tiempos, resulta evidente, no dependen de esa agenda sino del modo en que finalmente se defina el alcance de las negociaciones. O la cerrazón para aceptar cambios, lo cual podría sellar la suerte del proyecto antes de pensar en el recinto.

 

Más difuso es el panorama del DNU. Está abierta la disputa en la Justicia. En el Congreso, depende del clima previo y más amplio de acuerdos o de quiebre político. La primera señal de fondo será dada por el avance o el empantanamiento de la ley ómnibus.

 

Vuelta entonces al principio: la incertidumbre afecta la expectativa del FMI sobre la “cosecha de apoyo político” que debería lograr por los menos el núcleo de la propuesta legislativa de Milei. Trasciende los límites del Congreso.

 

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