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La paradoja de una reforma laboral “light” que igual causó el rechazo gremial. Las negociaciones secretas que quedaron truncas. El dilema cegetista: resistir las presiones externas

 

 

El paro de la CGT del miércoles 24 será un test clave que marcará la relación entre Javier Milei y el sindicalismo. Nadie duda de que la movilización será masiva, pero la reacción del Gobierno es un interrogante: si hay una multitud en la calle, ¿el Presidente cambiará su reforma laboral o alguna medida para conformar a los gremialistas? Ninguno de los sectores en pugna quiere retroceder. Y todos saben que quedan cuatro años para tratar de dialogar o resignarse a la pelea permanente.

 

 

Y si Milei no retrocede un milímetro ante los reclamos sindicales, ¿hasta dónde profundizará la CGT su plan de lucha? Quien les advirtió a los dirigentes cegetistas sobre los riesgos de apresurarse en protestar con el gobierno recién asumido fue su propio candidato presidencial, Sergio Massa: “Si a 45 días le hacés un paro general, a los 90 días, ¿qué hacés? ¿Un bombardeo?”, les dijo.

 

 

Algo curioso de esta encerrona en la que quedaron el Gobierno y la CGT fue que el sindicalista que se convirtió en el más combativo contra Milei es Héctor Daer, cotitular de la central obrera y líder del Sindicato de Sanidad, quien integra el sector moderado de “los Gordos” y fue uno de los que mantuvo charlas secretas con Guillermo Francos, ministro del Interior, luego de que Milei ganó las elecciones.

 

 

Este dirigente que se caracteriza por haber dialogado con todos los gobiernos desde hace 21 años, cuando asumió como secretario general de ATSA Capital, tiene hoy un discurso por momentos más duro que el del trotskismo. Fue el principal promotor de realizar un paro cuanto antes, en contra de la opinión de muchos de sus colegas, como Pablo Moyano (Camioneros), y acaba de concretar una amenaza preocupante en una entrevista radial: “Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle”, advirtió al periodista Diego Schurman al referirse a los legisladores opositores que negocian con el oficialismo para llegar a un acuerdo sobre la ley ómnibus enviada al Congreso.

 

 

 

¿Cómo pasó de la máxima prudencia al fundamentalismo en tan poco tiempo? Hay quienes creen que su flamante perfil aguerrido responde a que Francos convenció a la CGT de que el DNU iba a contener una “mini reforma laboral” que no amenazaba al poder sindical, pero luego de que el texto tuvo una última revisión de Federico Sturzenegger, el cerebro de la desregulación de la economía que propone Milei, hubo cambios sorpresivos que endurecieron su contenido, como la limitación a las cuotas solidarias, ese recurso de los gremios para recaudar dinero aun entre quienes no están afiliados.

 

 

 

Otra curiosidad: con la excepción de ese artículo, ninguna de las medidas previstas en el DNU 70 ni en la ley ómnibus de Milei atenta contra los pilares del modelo sindical argentino. No se toca el sistema de personería gremial que consagra el otorgamiento de derechos exclusivos a la organización considerada más representativa por rama de actividad, como firmar los convenios colectivos y administrar sus obras sociales. No se propicia los convenios por empresa, para alivio del unicato sindical, ni se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta que no se negocie uno nuevo. Tampoco se altera la reelección perpetua de los dirigentes ni se impulsan medidas para transparentar las elecciones gremiales, como el voto electrónico.

 

 

 

 

Ni siquiera los cambios en el sistema de salud jaquean a las obras sociales al desregular la actividad e incorporar a las prepagas, como lo reconoció la CGT: “Desde el punto de vista de las obras sociales de los gremios más numerosos en afiliados y los que se identifican con los afiliados de la actividad, el DNU es neutro porque no afecta a los recursos ni a los afiliados”, concluyó un informe cegetista.

 

Los ejes de la reforma laboral del Gobierno pasan por la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de trabajadores (algo que también podría beneficiar a los gremios que son empleadores) y la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA (tan poco amenazante para el status quo que defienden algunos dirigentes que el régimen propuesto es voluntario y aplicable si empresarios y sindicalistas lo negocian en los convenios colectivos).

 

 

Es cierto que el combo que armó Milei se convierte en poco digerible para la platea sindical si se suman otras propuestas libertarias como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios públicos, el regreso del Impuesto a las Ganancias y la privatización de empresas públicas.

 

La CGT hizo un acto de protesta contra el DNU de Javier Milei el 27 de diciembre ante el Palacio de Tribunales (Foto Franco Fafasuli)

 

 

De todas formas, la sensación es que la mayoría del sindicalismo sobreactuó su rechazo a las medidas iniciales del Gobierno porque hubo idas y vueltas de los funcionarios con el DNU que hicieron detonar las negociaciones secretas con Francos. Algunos le echan la culpa al ala dura del oficialismo, encarnada por Sturzenegger y por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aunque es difícil pensar que Milei no los haya avalado. La plana mayor de la CGT no quería apurar los tiempos de la protesta, hasta tal punto que un dirigente cercano al kirchnerismo como Pablo Moyano habló de no realizar un paro inmediato porque “en enero y febrero los laburantes se toman vacaciones”.

 

 

Una vez lanzado el primer paro contra Milei, el Gobierno trató de aprovechar la embestida de la CGT para exponer a sus dirigentes ante la opinión pública como enemigos del cambio: por eso apostó a provocarlos con decisiones como la intimación a que paguen el operativo de seguridad del acto cegetista del 27 de diciembre, el descuento del día de huelga a quienes paren el 24, la postergación del Consejo del Salario para fijar el aumento del salario mínimo y las versiones de que en la ley ómnibus se eliminaría la paritaria nacional docente, algo que puso en alerta a la Unión Docentes Argentinos (UDA), que encabeza Sergio Romero, quien alertó que si se confirma “la Argentina estaría entrando en una catástrofe educativa que generaría una enorme cantidad de conflictos”.

 

 

El paro con movilización se parece más a un gesto de desahogo por parte de un sindicalismo que necesita concretar un acto de presión que obligue a Milei a negociar. Por eso la CGT no apostó a una paralización total de actividades, una medida extrema, sino a una huelga parcial para facilitar la movilización hacia el Congreso, con la idea de generar una postal multitudinaria de disconformidad. En definitiva, el paro de colectivos, trenes y subtes (decisivo para el éxito de una protesta general) sólo se hará efectivo 5 horas, entre las 19 del miércoles y las 00.00 horas del jueves.

 

 

 

Hay quienes sospechan que el súbito endurecimiento de la CGT obedece a que sus máximos dirigentes quieren evitar que se repita lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces realizó un acto callejero de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo radicalizado que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de los manifestantes para refugiarse en la sede del Sindicato de Comercio. En los incidentes incluso se robaron el atril con el logo de la CGT.

 

 

Hoy, es cierto que esta CGT de recién estrenado perfil combativo logró disimular sus clásicas divisiones internas y encontró en la encarnizada lucha contra el Gobierno un eje para volver a entusiasmar a la militancia sindical, jugar sus fichas en la recomposición del PJ y tratar de reconciliarse con mucha gente que criticó sus 4 años de total pasividad con Alberto Fernández.

 

 

Aun así, el sector mayoritario de la CGT cree que no puede abusar del recurso del paro y apuesta a que Milei los llame a negociar para que no se profundice el conflicto. Por eso la cúpula cegetista mostró en las últimas semanas una división de roles: Pablo Moyano y Héctor Daer levantaron su perfil contra el Gobierno, mientras Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri (del sector independiente, moderado y dialoguista) se mantuvieron en un segundo plano para no romper todos los puentes con el oficialismo y quedar a disposición de una eventual convocatoria de la Casa Rosada.

 

 

 

Hay dirigentes que son conscientes de que su ofensiva también encierra un dilema: necesitan que Milei los convoque a dialogar después del paro para salir de la encerrona del conflicto permanente y evitar las presiones del kirchnerismo, los piqueteros y la izquierda para acentuar las protestas.

 

 

El anticipo de lo que podría suceder se registró este sábado por la tarde, en un plenario del gremialismo combativo y los piqueteros duros que se hizo en el camping del Sindicato del Neumático (SUTNA), liderado por Alejandro Crespo, del Partido Obrero: unos 600 delegados resolvieron “participar de la movilización del 24 con una columna independiente, reclamando la continuidad de un plan de lucha hasta la huelga general para derrotar el plan anti-obrero de Milei”.

 

 

Si el Gobierno no les da una señal de buena voluntad, los moderados de la CGT temen quedar atrapados en la dinámica beligerante de esos viejos enemigos que hoy se perfilan, a su pesar, como sus socios. Ya se los advirtió Massa. Si a los 45 días hacen un paro general, a los 90 días podrían verse obligados a un bombardeo prematuro contra Milei que, en el fondo, no quieren protagonizar.

 

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