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La inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, dictaminada el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha generado un creciente rechazo a nivel internacional. Esta medida, que busca sacar del juego electoral a la destacada figura opositora y ganadora de las primarias de la oposición, ha sido condenada por países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, entre otros, así como por organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, un grupo de gobiernos latinoamericanos hizo un aturdidor silencio ante la maniobra chavista.

 

 

Entre los estrechos aliados se destacan los regímenes de Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel en Nicaragua y Cuba, respectivamente. La oposición nicaragüense remarcó en su reciente pronunciamiento que las tres dictaduras siguen el mismo modus operandi de persecución.

 

 

Ese pequeño grupo también lo integra el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien mantuvo numerosos encuentros con el dictador Maduro y en todo momento expresó su defensa y apoyo al régimen venezolano.

 

 

También hay gobiernos que, lejos de condenar lo que ocurre en Venezuela, se muestran cercanos al chavismo e incluso en varias oportunidades han intentado frenar condenas o pronunciamientos de repudio contra la dictadura de Maduro en diferentes organismos internacionales. Tal es el caso de los gobiernos de Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México), y Xiomara Castro (Honduras).

 

 

Desde su llegada al poder, Petro, ex miembro de la guerrilla colombiana ELN, inició un giro radical en las relaciones bilaterales con la dictadura venezolana. Tras cuatro años de férreas tensiones entre ambos países bajo el gobierno de Iván Duque, Petro impulsó un restablecimiento de los vínculos con Caracas. A casi un año y medio de su arribo a la Casa de Nariño, mantuvo cinco encuentros bilaterales con el dictador venezolano, a quien destaca y defiende en cada expresión sobre la realidad del país vecino.

 

 

El pasado mes de junio el presidente colombiano fue consultado por el periodista Sebastián Nohra sobre la inhabilitación que pesaba en ese entonces sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado. “Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”, fue su respuesta. Palabras que fueron tomadas como un sutil rechazo a la inhabilitación de la líder de Vente Venezuela (VV). No obstante, tras la ratificación de la medida por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, Petro optó por el silencio y evitar condenar un nuevo atropello contra la democracia en Venezuela.

 

 

Algo similar ocurrió con Lula da Silva. A mediados del año pasado, al ser consultado sobre la situación de María Corina Machado, el presidente brasileño dijo que desconocía los pormenores de la medida contra la dirigente opositora venezolana. En lugar de interiorizarse sobre la situación de los opositores proscritos y de los presos políticos, entre otros temas, el líder del PT redobló esfuerzos en recomponer las relaciones con la dictadura venezolana; relaciones que estuvieron completamente rotas durante el mandato de Jair Bolsonaro. De hecho, el 30 de mayo del año pasado Lula recibió en Brasilia a Maduro, en un encuentro que generó un fuerte repudio tanto a nivel nacional como internacional.

 

 

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió a la comunidad democrática internacional que intervenga para lograr que se revierta la inhabilitación contra María Corina Machado (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

 

 

Otro que siempre se mostró más cercano al régimen chavista es el presidente mexicano López Obrador. Además de haber recibido al dictador en su país, en varias oportunidades también aprovechó para exigir el levantamiento de las sanciones internacionales sobre los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Como era de esperarse, no se expresó en las últimas horas sobre las ratificaciones de las inhabilitaciones contra los principales dirigentes opositores en Venezuela.

 

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, no dejó dudas este fin de semana de qué postura asumió ante la crisis venezolana. El sábado 27 de enero, día en el que se cumplieron dos años desde su llegada al poder y apenas unas horas después de las polémicas resoluciones de la justicia chavista contra la oposición venezolana, entregó al dictador Maduro la Orden Francisco Morazán, en el grado de “Gran Cruz Placa de Oro”.

 

”Es un reconocimiento también para Venezuela que lucha y ha resistido numerosas pruebas en este tiempo histórico. Nadie nos quitará lo ganado en estos 25 años de revolución”, dijo Maduro en su escrito de agradecimiento a la mandataria hondureña.

 

La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió a la “comunidad democrática internacional”, especialmente a los mandatarios de Francia y Colombia, Emmanuel Macron y Gustavo Petro, respectivamente, que intervengan para lograr que se revierta la inhabilitación contra María Corina Machado.

 

Gerardo Blyde, jefe de la comisión opositora para el diálogo con el Gobierno, envió un mensaje directo al presidente colombiano, quien medió para la firma de los acuerdos de Barbados entre el chavismo y la oposición: “Petro ha pedido que se reviertan todas, no una, todas las inhabilitaciones administrativas. Petro, presidente, usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso, ayude en sus vías diplomáticas a que esto pueda ser verdad y que podamos tener una elección en Venezuela libre”.

 

Blyde también extendió ese pedido al gobierno de Lula en Brasil.

 

Por último, otro jefe de Estado que todavía no se pronunció sobre los últimos acontecimientos en Venezuela es Gabriel Boric quien, pese a formar parte de la izquierda chilena, en los últimos años cambió su mirada sobre los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, al punto de mostrarse muy crítico de sus políticas y las violaciones a los derechos humanos en esos países. Por eso, había esperanzas de un mensaje condenatorio por parte del jefe de Estado chileno tras las resoluciones de la justicia chavista. Algo que, hasta el momento, no ocurrió.

 

 

Los que sí condenaron la maniobra de la dictadura

 

En un comunicado oficial, la OEA, liderada por Luis Almagro, manifestó que la decisión del tribunal venezolano compromete la realización de “elecciones libres, justas y transparentes” en Venezuela, señalando directamente al régimen de Nicolás Maduro por perseguir políticamente a opositores. Según la declaración de la OEA, este acto reafirma una “lógica dictatorial” que menoscaba los derechos políticos en el país y obstaculiza el proceso democrático.

 

La repercusión internacional ha sido notable. El Departamento de Estado de EEUU anunció que evalúa sanciones nuevamente como respuesta, mientras que la Cancillería de Ecuador y el Gobierno de Paraguay se pronunciaron en términos similares, subrayando la importancia de unas elecciones democráticas y transparentes.

 

María Corina Machado, se transformó en la candidata unitaria de la oposición venezolana al imponerse por un contundente 90% de los votos en las primeras celebradas en octubre pasado

 

 

Por su parte, la Cancillería argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitieron declaraciones lamentando la decisión y la consideraron un atentado contra la capacidad de Venezuela para ejecutar comicios libres y competitivos.

 

 

El Reino Unido expresó su preocupación, describiendo la inhabilitación de Machado como un retroceso para la democracia en Venezuela y un perjuicio para la posibilidad de llevar a cabo una elección competitiva en el país.

 

 

En la misma línea se pronunciaron 29 ex presidentes iberoamericanos, que unidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), rechazaron la inhabilitación. Los exjefes de Estado aseguraron que “María Corina Machado, de acuerdo con las reglas de la democracia, sigue siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional”.

 

 

“Esta película ya la vimos en Nicaragua”, señaló la activista nicaragüense desnacionalizada y exiliada Haydee Castillo en la red social X.

 

 

Castillo se refiere a que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, luego de arrestar a siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales contendientes y eliminar a tres partidos políticos. Entre los detenidos estuvo la periodista Cristiana Chamorro, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien derrotó en las urnas a los sandinistas y a Ortega en 1990, y quien era la figura de la oposición que tenía mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre de 2021, según las encuestas.

 

Para María Corina Machado, la decisión de la Justicia adicta al régimen de Maduro pone fin a las negociaciones en Barbados entre el régimen y la Plataforma Unitaria Democrática. “El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, expresó.

 

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