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...proyecto expone fuertes tensiones. Se afirma el papel de los gobernadores. Y siguen provocando recelos e interrogantes algunas señales políticas del Gobierno

 

 

El debate de la Ley Ómnibus, con tensión frente al Congreso y negociaciones por diferentes carriles, expuso antes de la aprobación en general escasos momentos de lucimiento y uno de ellos fue protagonizado por Miguel Ángel Pichetto. Directo, sobresalió al deshacer la impostura principista del bloque dominado por el kirchnerismo -en especial frente a la delegación legislativa y la declaración de emergencias de todo tipo- y desvestir también la política y falta de estrategia del oficialismo en su primera prueba crucial. Más que errores: contradicciones y visión limitada, inquietante, para construir sostén político.

 

 

Desde antes de asumir, Javier Milei y su círculo recibieron señales de dos necesidades convergentes y a la vez de difícil combinación: lograr una rápida aprobación legislativa de sus medidas de arranque y articular un mecanismo o sistema de sostén político, en base al peso de su impactante triunfo en el balotaje y el contrapeso de la minoritaria representación en el Congreso, traducción de la primera vuelta electoral. Con el añadido de un larguísimo calendario previo de comicios provinciales que modificó sustancialmente el mapa de poder territorial, pero sin registro alguno para el espacio libertario.

 

 

El Presidente, como buena parte de sus antecesores y aunque eso mismo parezca un contrasentido, se manejó con una visión ideológica, de poder, preocupante: creencia fundacional, poder presidencial exagerado y reclamo de acompañamiento legislativo automático. Algunas señales de los primeros días, para armar gabinete y dejar en el camino a socios iniciales de su proyecto -no sólo en economía-, mostraron cierto pragmatismo. Con todo, no proyectaron trazos más o menos precisos acerca de un mecanismo de gobernabilidad, en el marco de la grave fragmentación política.

 

 

Eso mismo alimenta la idea de prueba permanente, muy utilizada para hacer circular hipótesis alarmantes sobre plazos inmediatos para controlar la crisis. Es algo alimentado sobre todo desde espacios de la oposición dura y con eco llamativo en circuitos económicos. Un recurso para eludir responsabilidades propias en la magnitud del deterioro económico y social.

 

 

 

El punto es que eso mismo era imaginable antes del 10 de diciembre. Un elemento destacado en la lectura que aconsejaba no desperdiciar el tiempo. Los casos de anteriores gestiones exponen proyectos bastante más breves que la ley ómnibus y trámites legislativos veloces. El último antecedente es Alberto Fernández. Como se recordó en esta columna, su ley de “superpoderes” fue sancionada en apenas tres días, antes de la Navidad, y como ahora los ejes fueron delegación legislativa y amplia declaración de emergencia: económica, financiera, fiscal, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, social y administrativa. Nada que no se haya escuchado en estos días.

 

 

Parece claro que se trata de una cuestión de concepción, hegemónica; de oportunismo, en el manejo de los tiempos, y de peso político propio, con expresión en el Congreso y en el tablero de las provincias. Eso, está a la vista, trasciende la visión sobre el tipo de país imaginado y la tradición política. En todo caso, un punto en común de varias gestiones, a pesar del diferente color político, es la relación con el funcionamiento y los equilibrios institucionales.

 

 

Milei mantuvo su discurso. El armado de su gabinete expuso la suma de expresiones de JxC, sobre todo del PRO y empezando por Patricia Bullrich, y algunos funcionarios vinculados al peronismo no kirchnerista. No llegó a representar una señal de armado a futuro y tampoco fue expuesto de ese modo. Nada que supusiera un acuerdo amplio de gestión, pero tampoco indicios de un entramado legislativo sólido que sugiriera una especie de coalición parlamentaria.

 

 

 

El megaproyecto y el enorme DNU, con suficientes artículos cuestionables para suponer un difícil horizonte en la Justicia, expresaron lo mismo. Aún dejando de lado la cuestión de fondo en relación con el Poder Legislativo, el Gobierno estuvo lejos de tratativas previas sobre su plan con posibles aliados en esta coyuntura del comienzo de gestión.

 

 

La negociación permanente desde que el texto de la ley ómnibus llegó al Congreso dejó a la vista la falta de estrategia previa, en materia de tiempos y contenidos. Quedó claro, en cambio, que la posibilidad de redondear un entendimiento, aún con costos, debía contar con dos ámbitos: Congreso y provincias, reflejo de una política sin jefaturas únicas y claras.

 

 

Martín Menem enfrentó un estreno complicado y exigente. La presidencia de la Cámara de Diputados viene siendo uno de los dos ámbitos principales de negociación. Incontables reuniones con los referentes del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e innovación Federal, los principales espacios “dialoguistas”. Legisladores y funcionarios, en especial Guillermo Francos y, menos, José Rolandi, segundo de Nicolás Posse, y hasta algún allegado a Federico Sturzenegger. No asistió, en la discusión abierta, Luis Caputo, encargado sí de dar de baja -se verá hasta cuándo- el capítulo fiscal del texto original.

 

 

En este largo trámite se afirmó el papel de los gobernadores. Lo que se discute es el alcance del ajuste y, en especial, el impacto en las cuentas de las provincias. En la superficie aparece ahora el impuesto PAIS, como antes Ganancias o el blanqueo. Todos saben que importan todas las cartas. Está a la vista en el muy largo trámite legislativo de estos días y tendrá nuevas entregas.

 

 

Los gobernadores son, en realidad, un conglomerado variado en cuanto a origen, pero que empieza a coordinar la relación con el Ejecutivo y que tiene expresión notable en Diputados. Los jefes provinciales gravitan en la UCR, menos en el PRO, y mucho en los espacios federales. Es algo original. En general, el juego de presiones de los jefes provinciales se hacía sentir sobre todo en el Senado.

 

 

El ministro del Interior tiene a su cargo los contactos. Se destaca el conjunto de los diez gobernadores que conservan a su modo -y por razones de peso a la vista- la marca de lo que era JxC. Suman algunas adhesiones del PJ y buenos contactos con provinciales. Francos no descuida otros espacios, ni en público ni en privado. Pero los mensajes duros del Presidente, incluso ayer mismo después de la votación en general, provocan recelos, además de malestar, entre sus interlocutores.

 

 

Es otro síntoma de la incertidumbre acerca de la construcción política del Gobierno. Alimenta interrogantes el “costo” de sumar a Daniel Scioli en contraste con cierto empeño en volver al discurso de la “casta” para presionar a espacios que vienen negociando en el Congreso. Nada está cerrado del todo para el abordaje artículo por artículo de la ley, la semana que viene

 

 

El tema, más allá del desagrado en ciertos integrantes de LLA, no se agota en el cálculo sobre Scioli -que vuelve a reciclarse- y ni siquiera en lo que puede provocar en términos de imagen, frente al muy escaso efecto en las filas peronistas. El punto es el sentido del movimiento en general. La relación con los gobernadores y el final que escriba la ley ómnibus en Diputados hacen sí al foco central de la política. Dicho de otra forma: se verá si la negociación es sólo una cuestión de coyuntura o se convierte en el nervio de esta etapa. La historia sigue en el Congreso. Y empieza a escribir también el capítulo de un posible pacto fiscal.

 

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