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Poco después de haber asumido la Presidencia, Javier Milei ordenó realizar un estudio exhaustivo de todas las áreas del Estado, con el objetivo de conocer más en profundidad la situación en la que le toca gestionar y poder llevar con mayor eficacia su plan de ajuste dentro del Gobierno.

 

 

Esta tarea recayó en manos del contador público Miguel Carlos Blanco, que tiene una extensa carrera tanto en el sector público como en el privado, y que desde el 10 de diciembre pasado es el nuevo titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo encargado del control interno del Poder Ejecutivo.

 

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, Milei le dio al funcionario un plazo de 30 días hábiles para hacer un relevamiento de todos los empleados estatales activos, de las licitaciones que se hicieron en los últimos años, de los gastos de cada Ministerio y de las contrataciones, entre otras cuestiones.

 

De acuerdo con lo que precisaron diferentes fuentes oficiales a Infobae, el miércoles pasado Blanco le entregó el informe final a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, y a la Secretaría de Transformación del Estado, que lidera Armando Daniel Guibert, que en estos momentos se encuentran analizando el documento y preparando las conclusiones.

 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó parte de los resultados de este trabajo (Presidencia)

 

“Han revelado un informe con una auditoría en 114 reparticiones del Estado que muestra que al 7 de diciembre suma 3 billones de pesos la deuda de contrataciones que ha dejado el Gobierno anterior”, precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

 

 

En sus habituales conferencias de prensa, el funcionario remarcó que, en paralelo, “cada Ministerio y cada dependencia está avanzando en el pedido de auditorías más específicas en algunos temas graves que se ha detectado, y es probable que el propio Presidente de detalles adicionales y cada una de las carteras se encargará de hacer lo propio”.

 

Según pudo saber este medio, por estas horas todavía no se había definido si el informe terminado sobre la situación del Estado se va a comunicar a través de una conferencia de prensa, de una cadena nacional o por las redes sociales, ya que primero esperarán las conclusiones de la Jefatura de Gabinete.

 

Durante el trabajo, se descubrió que al menos el 88% de las acciones del Estado tuvieron “fallas en los controles” durante la última gestión, debido a que la SIGEN les pedía a los distintos organismos información relevante, pero las dependencias “jamás la entregaban”.

 

Cómo fue el proceso de análisis del Estado

 

Tras la asunción de Milei, tanto en los Ministerios como en los organismos descentralizados se llevaron adelante una serie de estudios para conocer la situación en particular de cada uno de sus trabajadores, ya que se consideraba que varios de ellos no cumplían ninguna tarea y fueron “puestos por la política”.

 

El 29 de diciembre, Blanco comenzó con esa tarea y dispuso una serie de vencimientos previos para la confección de los respectivos análisis de situación de cada Ministerio y organismo, con el objetivo de revisarlos antes de redactar el informe general.

 

“Uno, cuando llega a un lugar, siempre mira qué hace cada uno, dónde trabaja, qué función cumple. Son 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, por lo que hay un montón de lugares para analizar”, explicó un importante funcionario nacional, a quien le solicitaron que hiciera un reporte sobre su área.

 

Según revelaron a Infobae dirigentes de La Libertad Avanza, para realizar ese proceso las autoridades incluso se apoyan en los propios empleados de las entidades, con quienes se reúnen para conocer el manejo interno de cada área.

 

“Muchas veces son ellos mismos los que cuentan quiénes son los que no van nunca a trabajar, porque están cansados de tener que cumplir un horario y hacer las cosas bien, mientras que otros no hacen nada y cobran igual”, aseguró un integrante del espacio.

 

El documento final está dividido en diferentes capítulos: uno relacionado con el personal, otro con la cantidad de organismos existentes y también uno referido a las licitaciones y gastos corrientes, entre otros.

 

Con esa información, el Gobierno decidiría un conjunto de recortes, en el marco del fuerte plan de ajuste que está llevando adelante la actual gestión, e incluso podrían desaparecer algunos sectores, como ya ocurrió con el INADI.

 

“Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o simplemente son lugares para generar empleo militante”, argumentó Adorni al respecto.

 

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