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En paralelo, el Gobierno anunció la eliminación de programas y el recorte de beneficiarios

 

 

Durante el primer mes del año, el Gobierno redujo el presupuesto en asignaciones familiares en un 17,7 % (ANCCOM)

 

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia hace poco más de tres meses, el foco de la gestión estuvo puesto en la órbita económica y en la distribución de los fondos estatales. Hasta el momento, el plan trazado por el Ministerio de Capital Humano apuntó a depurar la cantidad de beneficiarios inscriptos en los programas sociales, con el fin de eliminar a aquellos que presentan incompatibilidades con la normativa. En contraposición, el aumento de la inflación a lo largo del último año frenó el plan económico al obligar que los montos asignados a los titulares de las prestaciones tuvieran que ser reajustados.

 

El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que el porcentaje acumulado en febrero fue de 13,2%, mientras que en el último año se acumuló 276,2%. En enero de 2023 el organismo registró una variación del 6%, dato que se incrementó de manera paulatina hasta cerrar el año con un 25,5%. Tal como si se tratara de un espejo, el movimiento ascendente también se replicó en las ayudas sociales: los cobros mensuales sufrieron un ajuste de 29,63%.

 

De esta forma, el monto percibido mensualmente por cada titular dio un salto entre el primer mes del año pasado y febrero de 2024, según los informes publicados por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO). A modo de ejemplo, una persona inscripta en el régimen de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) pasó de recibir $9.795 a un total de $33.058 y para aquella que tuviera bajo a su resguardo a un menor con discapacidad el dígito se transformó de $31.900 a $107.646.

 

El aumento de presupuesto que se asignó para la asistencia social durante la antigua administración generó fricciones con el objetivo planteado por el actual Gobierno que ya adoptó una serie de medidas para contrarrestarlas. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso detalló que en el primer mes del año se redujeron en un 17,7% los gastos en asignaciones familiares ($255.009) y en un 59,6% en otros programas ($152.020).

 

Con la reducción del tope de ingresos máximo, el Gobierno buscará concentrar la ayuda estatal en los sectores más vulnerables

 

Otra de las prestaciones que se transformó en un pilar en materia de asistencia para aquellos sectores a los que se les dificulta cubrir los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se trató del Programa Alimentar, popularmente reconocido como Tarjeta Alimentar, debido a que se constituyó como la política estatal más eficiente al permitir que las familias accedan a alimentos de mejor calidad nutricional.

 

Después de que la actual gestión le diera el visto bueno a la prestación, ésta recibirá un presupuesto de un billón quinientos ochenta y ocho mil millones ($1.588.000.000.000) a lo largo del año. El monto asignado al programa representará el 90% de la currícula y el mismo tuvo un aumento del 100% a finales de enero, con motivo de aliviar el deterioro que provocó el aumento de la inflación en la capacidad de compra de los titulares.

 

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano determinó que las familias con un solo hijo pasaran a cobrar un mínimo de $44.000 mensuales; $69.000 para los beneficiaros que cuenten con dos hijos; y un máximo de $91.000 para los grupos familiares conformados por tres o más menores de edad. Producto del incentivo, durante el mes pasado se destinaron 132 mil millones de pesos para garantizar que el beneficio alcance a todos los inscriptos.

 

Actualmente, la Tarjeta Alimentar cuenta con un total de 3,8 millones de personas que se benefician de la asistencia social, sin la necesidad de contar con un intermediario. “Como Gobierno nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo”, puntualizaron sobre la desvinculación de las organizaciones sociales con respecto a la entrega de alimentos a los comedores y la gestión de los planes sociales.

 

El 90% del presupuesto correspondiente a la cobertura de los planes sociales será destinado al Programa Alimentar (Facebook)

 

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya puso en marcha varias modificaciones que permitirán focalizar en los grupos sociales vulnerables que requieran de la ayuda estatal. Uno de los cambios claves implicó una reducción en el tope de ingresos aceptable para inscribirse a los programas sociales, ya que el límite de ingresos pasó de $1.980.000 a $1.077.403 y el tope máximo familiar descendió de $3.960.000 a $2.154.806.

 

A pesar de que la cartera aún no pudo obtener los primeros resultados generados por la reforma de los requisitos, se espera que la cantidad de inscriptos por plan social baje. En la actualidad, la AUH es la que mayor cantidad de titulares posee con un total de 2.330.400. No obstante, en el recorte quedarán excluidas las personas que posean un/a hijo/a con discapacidad, debido a que éste tipo de asistencia no cuenta con un tope salarial.

 

Hasta el momento, los cambios más significativos realizados por la titular de la cartera tuvieron como blanco al ex programa conocido como Potenciar Trabajo, cuya eliminación fue oficializada el pasado 6 de marzo. La medida responde a la iniciativa de segmentar en dos grupos a las 1.273.424 personas que se encontraban registradas en los nuevos planes a implementar: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”.

 

En el caso de Volver al Trabajo, el plan comprenderá a los titulares que tendrían mayores probabilidades de conseguir empleo en el corto plazo, mientras que Acompañamiento Social englobaría a aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables que complicarían la reinserción en el mundo laboral.

 

En consecuencia, los ex beneficiarios del Potenciar Trabajo recibieron los $78.000 correspondientes a marzo pero, a partir de abril, el monto debitado dependerá de la categoría a la que fueron transferidos.

 

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que la disolución del Potenciar Trabajo se decidió por su falta de efectividad

 

En una nota previa con Infobae, los funcionarios de Pettovello señalaron que cerca de un millón de personas pasaron a formar parte de Volver al Trabajo, mientras que las 400 mil restantes que conformaron Acompañamiento Social recibirán un pago mensual y una ayuda alimentaria.

 

Al mismo tiempo, informaron que otras 4.588 personas fueron dadas de baja del beneficio luego de que una investigación encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan determinara que 9.413 de los inscriptos eran empleados públicos. Por el momento, el resto de los casos se encuentran bajo evaluación.

 

Por otro lado, las Becas Progresar continuarán en vigencia, tras los rumores que indicaban la posibilidad de que éstas fueran suspendidas. Hasta el segundo trimestre de 2023, el programa reunía a 1.482.978 personas, sin embargo, el número no está exento de sufrir modificaciones, puesto que la ANSES inauguró el período de inscripciones que finalizará el próximo 31 de marzo.

 

En comparación con los otros beneficios estatales, la asignación para estudiantes será la única que mantendrá los mismos valores que fueron dispuestos en agosto del año pasado. En aquella oportunidad, el monto mensual aumentó hasta los $20.000, aunque solamente se perciben $16.000 netos, debido a que el organismo retiene un 20% que es devuelto al año siguiente, si el beneficiario cumple con los requisitos para volver a ser parte del programa.

 

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