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Ayer, el ministro Francos recibió al PRO y la UCR para escuchar sugerencias. El lunes irá Pichetto. Los cambios que fueron bien recibidos y los puntos que generan preocupación

 

 

Diputados de la UCR y HCF conversan durante el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados (Maximiliano Luna)

 

 

La Casa Rosada giró hace tres días un nuevo borrador de la Ley Ómnibus a los gobernadores y a los bloques de la oposición dialoguista en el Congreso. Luego de un análisis detenido del texto, representantes del PRO y de la UCR se reunieron con el ministro de Interior, Guillermo Francos, para plantear dudas y algunas sugerencias. El lunes será el turno de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y otros miembros de Hacemos Coalición Federal.

 

Ante la consulta de Infobae, tanto desde la UCR como desde los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal vieron con buenos ojos que la nueva versión parta de la base del último texto que se analizó en el recinto. “No es la locura de antes”, sintetizaron desde la bancada radical. “Es positivo que se recoge el trabajo ya hecho”, coincidió otro de los hombres que participó de las primeras negociaciones.

 

Sin embargo, el nuevo borrador -que tiene 269 artículos en lugar de los 664 originales- va más allá y tiene modificaciones bastante profundas sobre los artículos que terminaron haciendo caer el proyecto hace poco más de un mes.

 

Por ejemplo, el presidente Javier Milei decidió hacer una reducción drástica de la cantidad de Emergencias que busca declarar: solo serán en materia administrativa, económica, financiera y energética (originalmente eran una docena). Por lo que la negociación en torno a las facultades delegadas será mucho más acotada.

 

Sobre este punto, llamó la atención que la emergencia en Seguridad no fue incluída, especialmente dada la escalada de violencia en Rosario. En la oposición entienden que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en sancionar un proyecto “antimafia” inspirada en la ley de los Estados Unidos conocida como RICO (por su nombre en inglés: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) y en la normativa de Italia. El oficialismo ya adelantó que también impulsará una reforma en la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

 

 

 

Por otro lado, en Hacemos Coalición Federal celebraron que las retenciones fueron completamente excluidas y rescataron que la lista de empresas habilitadas para ser privatizadas pasó de 40 a 3 (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina), más otras 9 en un esquema de venta parcial (AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y ArSat). Sin embargo, la postura de la UCR y de HCF había sido que cada proceso de privatización pase por separado por el Congreso.

 

 

En cambio, las luces de alerta se encendieron al llegar al capítulo de la movilidad jubilatoria, que propone, al igual que en la versión que naufragó en el recinto, una actualización de los haberes en base al IPC (Índice de Precios del INDEC) a partir de abril, con una compensación del 10% en el primer mes para compensar el “empalme” entre las dos fórmulas.

 

 

Los diputados radicales señalaron que esta alternativa no compensa completamente la inflación de enero. En la misma línea, desde HCF adelantaron que no se moverán del proyecto de la Coalición Cívica, que también actualiza por IPC pero prescribe un aumento del 20,6% que busca compensar la inflación de enero.

 

 

“Ese 10% de diferencia son USD 2.000 millones, ¿de dónde los sacamos?”, dijo a Infobae un diputado libertario en la previa de la sesión que no llegó al quórum este miércoles y tenía como objetivo tratar el tema de la movilidad previsional.

 

 

En su encuentro con el PRO, Cristian Ritondo ratificó ayer su apoyo general a la nueva Ley de Bases pero le sugirió al ministro Francos que tome el proyecto sobre jubilaciones que presentó la semana pasada por María Eugenia Vidal, que propone actualizar las jubilaciones mensualmente en base a la variación del Índice de Precios del INDEC, con una aplicación retroactiva a enero para evitar que los meses de mayor inflación queden por fuera del empalme. Los funcionarios de Milei prometieron tenerlo en cuenta pero no dieron respuestas definitivas sobre esa posibilidad.

 

 

Respecto al nuevo impuesto a los altos ingresos, que reemplazará Ganancias, el bloque amarillo pidió que se mantengan las exenciones para los policías, médicos de guardia, guarderías, y que se clarifique a quiénes alcanzarán específicamente en el rubro petrolero.

 

 

En la misma línea, Rodrigo de Loredo coincidió en que la reforma de la movilidad jubilatoria debe tratarse lo antes posible, incluso por separado de la Ley Ómnibus. “Perdieron el 35% del poder adquisitivo, eso no puede esperar más. Ese fue un planteo muy puntual”, reveló el diputado radical en la puerta de la Casa Rosada.

 

 

Entre los puntos que siguen sin acuerdo se destacan los fondos fiduciarios, uno de los primeros artículos que salió rechazado durante el debate en el recinto y desembocó en el retiro de todo el proyecto. “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional”, dice el artículo 5 del nuevo borrador. “La pelea por los fondos fiduciarios se retoma”, adelantaron desde el radicalismo.

 

 

Hubo otro tema que llamó la atención de los legisladores de Innovación Federal y del radicalismo. El título VII, de desregulación económica, faculta al Ejecutivo “a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”. Este nuevo artículo, que no estaba en la versión original, “es demasiado amplio” para uno diputado patagónico que especuló que el Gobierno podría estar intentando compensar por esta vía una derogación del DNU. “Es muy amplia e indeterminada”, coincidieron los radicales.

 

 

Finalmente, los equipos técnicos de los bloques dialoguistas todavía trabajan en los cálculos para determinar el impacto del nuevo Impuesto a los Altos Ingresos que reemplazaría al Impuesto a las Ganancias. “Hay que analizarlo con mucho detenimiento”, explicaron, sin adelantar posición sobre este punto. Este punto será el eje central de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores en el marco de un nuevo pacto fiscal.

 

infobae.com