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Advirtió por la situación salarial de los docentes e investigadores

 

 

 

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA

 

 

La masiva marcha del mes pasado en apoyo a la Universidad de Buenos Aires, convocada en reclamo de una actualización del presupuesto en medio de la creciente inflación y del fuerte ajuste que viene realizando el Gobierno desde el 10 de diciembre, tuvo un alto impacto, a tal punto que cambió la relación entre ambos sectores. De hecho, tras aquella convocatoria, autoridades nacionales se reunieron con dirigentes universitarios, puntualmente de la Universidad de Buenos Aires.

 

 

Después de casi un mes de aquella marcha a Plaza de Mayo, el Gobierno destrabó fondos para garantizar el funcionamiento de la UBA, el primer reclamo que las autoridades de esa casa de estudios venían haciendo. Sin embargo, el resto de las universidades del país aún mantienen su reclamo, ya que no han recibido fondos en la misma proporción.

 

En diálogo con Infobae, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que el Consejo Superior de esa institución decidió suspender la emergencia económica que había dictado a principios de abril, aunque advirtió que mantendrán el pedido de recomposición salarial de docentes e investigadores, y que acompañarán el reclamo del resto de las universidades del país, para que el Ejecutivo les envíe los fondos que les garanticen el funcionamiento.

 

 

“El Gobierno reconoció la actualización de los gastos de funcionamiento como lo pedía la Universidad, un promedio del 300%. Esos gastos, si no se actualizaban, directamente no permitían pagar los servicios básicos. Eso el Gobierno sí lo hizo, vale la pena reconocerlo. Los grandes protagonistas de este logro son toda la sociedad, todos los sectores que se movilizaron de manera masiva y plural, y dijo que estaba dispuesto a defender la universidad pública”, dijo Yacobitti hoy.

 

Más allá de la situación de la UBA, la disputa todavía continúa: en las instituciones del resto del país reclaman que ellos aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les trasfiera la misma plata que la arreglada para la Universidad de Buenos Aires.

 

 

Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó a Infobae Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

 

 

En ese sentido, el también dirigente de la UCR reconoció que ese acuerdo fue para la UBA, aunque ratificó que el reclamo de sus directivos es para todo el sistema universitario del país. “Por supuesto que la UBA también va a reclamar no solo los gastos de funcionamiento de la UBA, sino de todo el sistema. Tal vez la UBA, por una cuestión de volúmen es la que tiene mahyor repercusión, pero para nosotros es importante que el resto de las universidades puedan funcionar”, subrayó.

 

El 23 de abril, amplios sectores de la sociedad protagonizaron una masiva movilización a la Plaza de Mayo en reclamo por la falta de recursos para las 36 universidades nacionales. Fue una movilización masiva, de cerca de 800.000 personas -según cálculos de la Universidad de Buenos Aires- que logró transversalidad y unió múltiples sectores del sistema universitario, el sindicalismo, la sociedad civil y la oposición política detrás de una consigna difícil de impugnar: “En defensa de la universidad pública”.

 

El reclamo se originó tras la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto del 2023, en el marco de una inflación que superaba, en aquel momento, el 270% interanual, lo que provocó que los fondos para las universidades públicas se licuaran. Las autoridades de las casas de estudio más prestigiosas del país iniciaron una disputa contra Balcarce 50 para exigir una actualización de las partidas. No obstante, Milei adoptó una postura confrontativa y evitó ceder, lo que impulsó aún más la convocatoria.

 

Tras la marcha, el vínculo entre la Rosada y las autoridades universitarias se modificó. De hecho, un puñado de días después de la convocatoria, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibieron a Ricardo Gelpi, el rector de la UBA. Tras la reunión, la funcionaria aseguró: “Nunca desde la Libertad Avanza o el ministerio de Capital Humano se comunicó que se iba a cerrar o desfinanciar la universidad pública”.

 

Yacobitti destacó el cambio de postura del Gobierno nacional, aunque advirtió que más allá del envío de fondos para garantizar el funcionamiento de la UBA, y la suspensión de la emergencia, el Consejo Superior se mantiene en “estado de alerta y máxima preocupación porque los gastos de funcionamiento es solo un 12% del presupuesto, el resto es para salarios de los profesores y de los trabajadores”.

 

“En este caso, los trabajadores vienen teniendo un ajuste del salario que supera el 40%. Todas estas cosas, la UBA la va a seguir reclamando. No solo luchamos para seguri abiertos, sino también para seguir siendo los mejores en América Latina. Para eso hace falta que los docentes e investigadores puedan seguir con nosotros”, aseveró.

 

Yacobitti también destacó que el Consejo elevó a los diferentes sectores políticos un proyecto de ley de financiamiento económico para que el presupuesto universitario no sean discrecionales del Poder Ejecutivo de turno.

 

“Lo que es gasto de funcionamiento, en lo inmediato, tiene más impacto. Lo que discutíamos era que con el presupuesto que había mandado era que ni siquiera ibas a poder pagar la luz. Pero no vamos a dejar de reclamar por el salario de los docentes, de los investigadores, ciencia y técnica. De nada le sirve a la Universidad seguir abierta si no es trabajando para seguir siendo el faro en América Latina”, resaltó.

 

Ayer, el Gobierno nacional ratificó que enviará fondos de refuerzo a la UBA. Serán dos partidas por $ 26.016.488.265 y $ 35.436.785.336, respectivamente, destinadas a gastos de funcionamiento y para sostener los niveles de atención de la salud, respectivamente. La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada este miércoles por la UBA a través de un comunicado. En este, contaron que en los últimos días se concretó una serie de reuniones con las autoridades en el que llegaron a un acuerdo y anunciaron el fin de la emergencia presupuestaria activada a principios de abril.

 

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