18 SEP | 19:28
El Gobierno denunció por amenazas y extorsión al sindicalista aeronáutico Pablo Biró
A través del ministerio de Seguridad, el Ejecutivo demandó al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a raíz de la advertencia realizada por el dirigente luego de las huelgas que ...
...perjudicaron a miles de usuarios del transporte aéreo. “Esto se va a poner mucho peor”, había asegurado Biró
Pablo Biró, secretario general de APLA
El ministerio de Seguridad presentó una denuncia por amenazas y extorsión contra el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, luego de expresiones realizadas por el dirigente en las que advertía que el conflicto en el servicio de transporte iba a recrudecer.
“Esto se va a poner mucho peor...”, fue el comentario realizado por Biró que dio pie a los abogados del ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para accionar penalmente contra él.
El Gobierno consideró “graves” las afirmaciones vertidas por el gremialista Pablo Biró. “El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”, indica la presentación realizada este miércoles.
La denuncia, además, enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse “de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública”.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional N°12, a cargo de Elizabeth Paisán. La formalizó el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto.
Para los funcionarios, los dichos de Biró se realizaron en el marco del conflicto aeronaútico relacionado con la decisión del Gobierno Nacional de declarar el transporte aéreo como un “servicio esencial”, imponiendo la obligatoriedad de mantener un “servicio mínimo” en actividades de importancia estratégica para el país.
La denuncia busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos, subrayaron desde la cartera que conduce Bullrich. “Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una ´huelga salvaje´ y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional”, argumentaron.
Los sindicatos aeronáuticos, con APLA y Biró a la cabeza, decidirán este jueves nuevas medidas de fuerza en los principales aeropuertos del país. “Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó a Infobae un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.
El conflicto es por mejoras salariales. Los sindicatos exigen incrementos del orden del 30% y ante la falta de resultados positivos a sus planteos vienen promoviendo hace meses medidas de fuerza que interrumpen la salida de vuelos y la logística que permite el movimiento del equipaje de los pasajeros, entre otros inconvenientes.
Sólo en el último paro, realizado los días 13 y 14 de septiembre, más de 37 mil pasajeros fueron perjudicados por las medidas de fuerza concretadas en los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió para este jueves un paro de controladores aéreos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por la “preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos”, que afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12, en primera instancia, y luego entre las 17 y las 22.
El Gobierno de Javier Milei ordenó la aplicación del decreto que declara servicio esencial la aviación civil. Los sindicatos, sin embargo, se resisten a acatarlos asegurando que afecta su derecho constitucional a realizar una huelga por reclamos salariales.
La regulación que pretende imponer el Gobierno obligaría a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con 5 días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal.
infobae.com
