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...a partir de la investigación conocida como Caso Cuadernos. Pidió que se cierre y pase a instancia de juicio oral y público el capítulo en el que se investigó el pago de coimas por parte de empresarios vinculados a la explotación ferroviaria.

 

 

El fiscal acusó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, a su ex ministro de Planificación Julio De Vido y a sus dos primeros secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Hizo lo mismo con los empresarios Aldo Roggio y Grabriel Romero, quienes como arrepentidos en el Caso Cuadernos confesaron haber pagado coimas a ex funcionarios kirchneristas por los negocios que tenían con el Estado.

 

 

Romero admitió haber pagado coimas tanto por la explotación del ferrocarril Belgrano Norte por parte de su empresa Ferrovías como por la extensión del contrato de la hidrovía del río Paraná. Roggio solo admitió haber pagado coimas por la explotación del ferrocarril Urquiza y el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos empresarios aceptaron haber entregado el dinero en mano a Jaime a cambio de la fluidez en el pago de los subsidios al transporte que dependían de la secretaría a cargo del ex funcionario condenado en varios casos de corrupción. En la investigación se determinó que entre un 5 y un 30 por ciento de los subsidios se devolvían en coimas.

 

 

Romero además reconoció haber pagado unos 500.000 dólares anuales a Jaime por la extensión y el mantenimiento de la millonaria concesión de la hidrovía.

 

 

 

Según la acusación de Stornelli, Fernández de Kirchner deberá responder en un juicio oral y público por el delito de cohecho pasivo reiterado en tres ocasiones por los dos pagos hechos por Romero y el realizado por Roggio. Para Stornelli la ex presidente es considerada coautora por los hechos sucedidos durante sus dos mandatos presidenciales, y partícipe necesaria en los durante el gobierno de Néstor Kirchner. Estos casos se suman a los que ya les imputaron en el Caso Cuadernos.

 

 

De Vido fue acusado como coautor del delito de cohecho pasivo por los tres pagos que hicieron entre Roggio y Romero. En tanto Jaime fue acusado por ser considerado el organizador de una asociación ilícita y también por haber cometido el delito de cohecho pasivo por los tres casos de coimas analizados en el expediente.

 

 

Schiavi fue considerado miembro de la asociación ilícita y coautor del delito de cohecho pasivo en el caso del pago de coimas admitido por Romero.  Los ex funcionarios negaron las acusaciones en su contra.

 

 

Los empresarios Roggio y Romero fueron acusados como coautores del delito de cohecho activo en una y dos ocasiones, respectivamente.

 

 

El juez Claudio Bonadio había procesado a ex funcionarios y empresarios a partir de los dichos en los que admitieron los pagos de coimas. Los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron aquellos procesamientos para los ex funcionarios y los empresarios Roggio y Romero. A los empresarios los dejaron fuera de la asociación ilícita. También dictaron la falta de mérito para Sergio Taselli y Claudio Cirigliano quienes también explotaron ferrocarriles bajo el área de control que estuvo a cargo de Jaime.

 

 

La causa se abrió como un desprendimiento de las confesiones de empresarios arrepentidos, dentro del expediente iniciado a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, que relató en una serie de cuadernos el sistema de delivery de bolsos con coimas que hacía como chofer de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en Planificación.

 

 

En el requerimiento de elevación a juicio firmado por Stornelli al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se describió el funcionamiento de la asociación ilícita investigada en el Caso Cuadernos. Y se agregaron detalles del rol que jugó Jaime como recaudador de coimas en el área de Transporte.

 

 

Stornelli señaló que Jaime "coordinaba el sistema de recaudación de los pagos provenientes de las diferentes empresas del rubro, fue el encargado de recibir las entregas de dinero que tenían como destino final a los jefes de la organización –Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner- en el marco del mecanismo de recaudación de fondos de manera espuria implementado por estos últimos".

 

Jaime -condenado por su rol en la Tragedia de Once y por coimero en otro caso- "intervino en el desarrollo de los planes delictivos, específicamente en lo que se refiere a las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que se efectivizaran las entregas de dinero. Asimismo, por su condición de Secretario de Transporte era quien tenía las potestades para garantizar las contraprestaciones de esos pagos,  todo ello con la anuencia del Ministro, Julio Miguel De Vido…", explicó Stornelli.

 

 

Para Stornelli, "Jaime desempeñó el rol de organizador dentro de la asociación. Tuvo una función activa desde los inicios de la agrupación: hablaba directamente con los empresarios para llegar a un acuerdo, y a la vez disponía de la potestad de llevar adelante el pago de los subsidios de la órbita de su secretaría. Los elementos recabados evidenciaron que Ricardo Raúl Jaime fue parte de columna vertebral de la organización criminal, puesto que en el área a su cargo fue el principal responsable de llevar a la práctica el sistema de recaudación diseñado. Participaba personalmente en la recaudación que se había diagramado y tenía trato directo con los  empresarios que tomaron parte en los pactos espurios. De tal modo la estructura pudo dar con su fin: obtener la mayor cantidad de dinero posible".

 

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