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El gobernador Sergio Casas participó hoy del cónclave de gobernadores justicialistas, donde estuvieron representadas un total de 18 provincias argentinas, con el objetivo de definir la compensación que los gobiernos provinciales exigirán a la Nación, luego del paquete de medidas económicas que anunció el presidente Mauricio Macri y que provocarán una pérdida de 51 mil millones de pesos a las provincias, entre ellas La Rioja que perderá 950 millones de pesos por coparticipación. Casas advirtió que los gobernadores no se oponen a ninguna medida que beneficie al pueblo, pero consideran que las medidas adoptadas vulneran derechos consagrados en la Constitución, como lo son los recursos coparticipables. Por ello exigen una compensación financiera que garantice el normal funcionamiento de la provincia. En un documento, los mandatarios plantean que, en caso de no tener respuestas concretas, buscarán un amparo judicial.

 

El mandatario riojano afirmó que “los gobernadores no estamos en contra de ninguna medida tomada por la Nación, que beneficie al pueblo”, aunque advirtió: “pero tenemos la responsabilidad de defender a nuestros representados, por ello exigimos al Estado Nacional un instrumento de compensación financiera”.

 

Agregó el gobernador de La Rioja que esa compensación financiera debe “garantizar el normal funcionamiento provincial” al considerar que “los efectos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional, como son los recursos coparticipables”.

 

 

La Rioja es la más afectada

 

Explicó Casas que la reunión tuvo por objetivo “analizar el impacto de las medidas que se tomaron últimamente de parte del Gobierno Nacional, las cuales afectan bastante a los recursos provinciales”, y detalló que las Provincias perderían aproximadamente 52 mil millones de pesos. Esto “nos llevó a todos los mandatarios provinciales a reunirnos para analizar la situación y exponer la preocupación, porque son decisiones tomadas post-elección, lo que nos hace presumir que no se está pensando en el conjunto del pueblo argentino, sino que esto tiene que ver con un impacto meramente electoral”, indicó.

 

Asimismo, resaltó que los mandatarios provinciales “tenemos el derecho y el deber de luchar por nuestros representados”, y precisó que “en el caso concreto de La Rioja nos afecta una cifra importante que hace peligrar los gastos corrientes”.

 

Luego dijo que en este marco los gobernadores firmaron un documento “donde exigimos la compensación de estos recursos”. A la vez, expuso que estas medidas lanzadas por el Presidente son inconstitucionales porque “se toman en contra de la Constitución Nacional donde el Poder Ejecutivo Nacional no tiene las facultades para tomar estas medidas por un decreto, además no tiene el aval del Congreso de la Nación”.

 

Así también, Casas reflejó la gravedad que significa esta situación para La Rioja en particular, teniendo en cuenta que a nuestra provincia le arrebataron en el año ’88 un punto de Coparticipación. “Si esto afecta al conjunto de las provincias que tienen coparticipación plena, en el caso de La Rioja es mucho más preocupante porque se recibe un fondo mal denominado extracoparticipable. Por lo tanto, esto nos deja en una situación más que alarmante”, manifestó.

 

Finalmente, el gobernador Casas expresó un mensaje de unidad para toda la dirigencia de la provincia de La Rioja y llamó a “actuar con responsabilidad ya que se tratan de recursos que legítimamente le corresponden a la provincia y se distribuyen en el conjunto del Estado Provincial”.

 

Inconsulto y unilateral

 

De la cumbre justicialista que se desarrolló hoy en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la ciudad de Buenos Aires, surgió un documento que cuestiona el paquete económico que lanzó Macri. Asegura que fue realizado “en forma inconsulta, unilateral”, y que provoca un despojo de los recursos de las provincias, colocándolas en “una grave situación de desfinanciamiento”. Plantean así que “no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los Estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”.

 

Al exponer que “es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis”, los firmantes exigen que “se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia”. Asimismo, aseguraron que permanecerán “abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que, de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos”.

 

Cabe mencionar que firmaron los Gobernadores de La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Río Negro, San Luis, Formosa, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Misiones, Santa Fe, San Juan, Salta, Chaco, el vicegobernador de Santa Cruz y el ministro de Economía de Córdoba.

 

 

EL DOCUMENTO COMPLETO

 

Documento emitido por los gobernadores de Provincias Argentinas reunidos en el CFI

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

 

1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga objetivo paliar a la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

 

En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando.

 

2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

 

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia que nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

 

4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte. Por lo tanto, exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.

 

Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que, de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.