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...que ahora debe definir la situación procesal del imputado. Sobre el empresario pesan otras órdenes de detención vigentes en otros expedientes.

 

 

 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación decidió no homologar la prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez en la causa por la ruta del dinero K. La resolución, adoptada por los jueces Hernán Borinsky y Javier Carbajo, se basa en un dictamen del fiscal Javier De Luca.

 

 

El empresario se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016. Recientemente, el Tribunal Oral N° 4, que sustancia el juicio oral dispuso una nueva prórroga de su prisión preventiva, pero Casación -en su rol de contralor- no convalidó dicho pronunciamiento.

 

 

Para arribar a esta conclusión, fueron determinantes las reformas recientes introducidas por el nuevo Código Penal en materia de prisiones preventivas, que -en virtud del sistema acusatorio- le dan prevalencia a los dictámes de los fiscales que intervienen en los procesos.

 

 

El Tribunal Oral N°4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, deberá definir si dispone la liberación de Báez. No obstante, sobre el dueño de Austral Construcciones pesan otras prisiones preventivas ordenadas en investigaciones en curso, por lo que no saldrá de prisión. Fuentes judiciales informaron a Infobae que los magistrados estaban reunidos esta tarde para resolver.

 

 

Las opciones que se presentan son dos: una es disponer la libertad de Báez en la causa del lavado. Si eso ocurre el empresario no saldrá de la cárcel de Ezeiza. Es porque en otras causas tiene prisión preventiva. Una de ellas es en la compra de un campo en Uruguay. El juez federal Sebastián Casanello lo procesó con prisión preventiva hace poco menos de un mes. La segunda posibilidad es que los magistrados ordenen la libertad de Báez.

 

 

La oposición a la continuidad de Báez en prisión vino de parte del fiscal De Luca. El fiscal explicó que el Código establece que una persona puede estar en prisión preventiva -presa sin condena- dos años con la posibilidad de prorrogarse por uno más y que en determinadas circunstancias se puede extender más. Eso fue lo que avaló De Luca en abril pasado cuando aceptó, a los tres años, una prórroga de ocho meses hasta diciembre.

 

 

 

La semana pasado los jueces del Tribunal Oral volvieron a prorrogar la prisión preventiva de Báez por cuatro meses hasta abril próximo. Señalaron que el juicio oral se había prolongado y que para abril próximo ya esperaban finalizarlo, ya que se espera que en breve comiencen los alegatos de las partes con los pedidos de penas y absoluciones. Pero esta vez el fiscal De Luca no acompañó la prórroga y calificó la decisión de “infundada” ya que "la prisión preventiva es la excepción a la regla de la libertad ambulatoria del imputado durante el trámite de un proceso penal”.

 

 

"Lo cierto es que pasaron 8 meses y no culminó el juicio, y sabido es que la prisión preventiva no es un instituto previsto para servir a la medida de labor de los jueces o del Estado. Debe procurarse que el imputado tenga una respuesta rápida y definitiva que resuelva su situación procesal ante la ley y la sociedad”, criticó el fiscal a los jueces del Tribunal Oral por no concluir el juicio en ese lapso.

 

 

El fiscal agregó que sobre Báez que “no se explica como a esta altura podría entorpecer la marcha del juicio si, como el tribunal lo indica, se encuentra en la etapa próxima a la de los alegatos de las partes, con imposibilidad de incorporar nuevas pruebas o de entorpecer el ingreso de las ya incorporadas al debate”.

 

 

Así, pidió que la prórroga de la prisión preventiva no sea homologada. Eso hicieron los camaristas Borinsky y Carbajo. Señalaron que por mandato del nuevo Código Procesal Penal de la Nación la potestad sobre la prisión preventiva corresponde a la Fiscalía. “No corresponde homologar lo resuelto e informado por el Tribunal en lo Criminal Federal nº 4”, señalaron.

 

 

Báez, sus cuatro hijos, el arrepentido Leonardo Fariña, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, están siendo juzgados por presunto lavado de dinero de más de 60 millones de dólares.

 

 

 

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