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La Cámara Federal decidió revocar los decomisos de propiedades que habían sido embargadas en el marco de la causa que investiga maniobras de lavado de dinero relacionadas con el entorno de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner que falleció en 2016 y a quien se señaló como el receptor de los billetes que eran enviados al matrimonio Kirchner, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

 

 

Se trata una casa en Los Lagos, Rincón de Lynch, Villa la Angostura y otras dos en Lacar, San Martín de Los Andes. A la lista se suma un inmueble en Vicente López, otro en la calle Belgrano al 2200, en el barrio de Monserrat y una casona de lujo en la calle Alberto Williams, donde vivía la familia de Daniel Muñoz.

 

 

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I del tribunal que revisa las decisiones del juez Claudio Bonadio, revisaron las apelaciones de Carlos Temístocles Cortez, señalado como testaferro; Luis Antonio Gugino, arquitecto involucrado en la causa; y Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, que se arrepintió en el expediente. También Ernesto Antonio Candotti, en representación de la firma Armoring Systems S.A.

 

 

Bonadio había decretado la inhibición general de bienes y el embargo de las propiedades involucradas en la resolución cuestionada. También puso un interventor judicial en algunas de las sociedades propietarias de los inmuebles, con el fin de “evitar la consolidación del provecho del delito y a asegurar el eventual decomiso y otras posibles responsabilidades patrimoniales”.

 

 

“No es posible disponer el decomiso definitivo de los inmuebles –sostuvieron las defensas-. Más allá de la imputación que sobre ellos pesa, a diferencia de otros casos, sus representados no reconocieron que aquellos hayan sido adquiridos con bienes de origen delictivo, agregando que las afirmaciones de ciertos imputados en ese sentido serán rebatidas oportunamente en juicio”.

 

 

Pochetti fue una de las arrepentidas en el proceso. Sin embargo, su defensa hizo hincapié en que “en ningún momento su defendida declaró haber participado en el hecho que se le imputa ni reconoció la procedencia y uso ilícito de sus bienes”.

 

 

En rigor, aseguraron que el artículo 305 del Código Penal es excepcional y sólo resulta de aplicación cuando hay un “reconocimiento expreso del encausado acerca de la procedencia ilícita del bien o fallecimiento del imputado, fuga, prescripción y otros supuestos de extinción de la acción penal”. Y porque además el decomiso solo es posible “una sentencia definitiva”.

 

 

Lacar, San Martín de los Andes, uno de los destinos elegidos por el entorno de Muñoz para sus inversiones inmobiliarias

 

 

La Sala I entendió que no había arbitrariedad en las decisiones de Bonadio. Sin embargo, los jueces afirmaron que “teniendo en cuenta el estado procesal de las actuaciones, las cuales ya han sido elevadas a juicio, resulta prudente que las cuestiones alegadas por las defensas –vinculadas, fundamentalmente, con el alcance que corresponde otorgar a los dichos de sus asistidos- sean dilucidadas en el marco del debate, cuya realización es inminente. “

 

 

“Ese ámbito, con sus características de inmediación, amplitud probatoria y pleno contradictorio, luce como el marco más adecuado para establecer aquellos extremos que resultan dirimentes a la hora de decidir respecto de la aplicación al presente caso de las disposiciones del art. 305 del C.P. Por ello, encontrándose suficientemente resguardados los bienes involucrados en el decisorio recurrido mediante las medidas cautelares oportunamente dispuestas, es que entendemos que corresponde revocar parcialmente tal decisorio respecto” de un grupo de inmuebles, sostuvo.

 

 

Antes de la feria, Bonadio rechazó la mayoría de las apelaciones y solo le concedió el recurso a Alejandrina Pochetti, la hermana de la viuda de Muñoz, y a uno de los testaferros, Carlos Temístocles Cortez. En esos casos, la definición quedó en manos de la Cámara Federal.

 

 

El defensor oficial de la hermana de la viuda de Muñoz logró frenar el decomiso de dos lotes de 2.112 m² y 2.198 m² ubicados en San Martín de los Andes (Neuquén); de la mansión ubicada en Alberto Williams al 5600 (Villa Urquiza); de un local en Vicente López, donde funciona la empresa Armoring Systems, una de las firmas usadas para blanquear dinero; y de un local comercial ubicado en Belgrano al 2201.

 

 

Bonadio también concedió el recurso presentado por el abogado defensor de Temístocles Cortez sobre una casa ubicada en el barrio privado Rincón de Lynch, en Villa La Angostura. Esa propiedad aparece identificada en los registros judiciales como la unidad funcional 9 y tiene una superficie de 4.452m².

 

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