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... y no por el Ejecutivo. Una ministra le salió al cruce. Malestares y silencios

 

 

 

El Gobierno está por cumplir apenas dos meses de gestión y contabiliza al menos tres capítulos visibles de la pulseada en torno de lo que el kirchnerismo duro y sus aliados definen como “presos políticos”. Es una expresión de la ofensiva más amplia contra los juicios por corrupción y no sólo un debate sobre detenciones, sin distinción entre la polémica por las preventivas y las condenas. La última entrega de esta pulseada acaba de sumar otro integrante del gabinete nacional contradiciendo el criterio presidencial y una vuelta de tuerca sobre ese criterio: desde la Casa Rosada responden que resolver esos casos es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo.

 

 

Santiago Cafiero -por su lugar jerárquico y más, por el tipo de relación con Alberto Fernández- debería ser considerado la voz más calificada del elenco ministerial. Ha sufrido, en el desembarco del Gobierno, algunos contratiempos o fallas informativas como otros. Pero en este terreno, de manera precisa, reproduce la posición del Presidente, según se encargan de destacar en el círculo presidencial.

 

 

En una entrevista con Infobae, el jefe de Gabinete sostuvo el jueves que “no hay presos políticos” en el país y sí detenidos de manera injusta, arbitraria. En la línea presidencial, amplió después agregando referencias a persecuciones políticas y lawfare durante el macrismo. Pero advirtió que la cuestión de los detenidos –ex funcionarios y referentes K- debe ser resuelta por la Justicia.

 

 

Hubo una nueva andanada de reproches a esa posición desde filas del oficialismo, y Santiago Cafiero salió ayer mismo a responder. Fue incluso más preciso en colocar el tema en el ámbito judicial y no del Poder Ejecutivo: dijo que el Gobierno “debe dejar que la Justicia, si tiene que revisar causas, lo haga como lo solicitan las defensas”.

 

 

Se mezclan en este punto varias cuestiones. La primera no sería o no debería ser interpretada como un simple recitado sobre la división de poderes. Lo que estaría diciendo en público es que no habría voluntad política de una jugada presidencial, al menos por ley específica o decreto, para frenar y revertir esos juicios. Una respuesta en todo caso al kirchnerismo más duro que reclama una salida de ese tipo –por la vía legislativa y con el oficialismo actuando en bloque- para clausurar procesos y condenas, más allá de la instancia judicial que esté recorriendo.

 

 

Pero las cosas no se agotan allí. Pesan los mensajes y también operarían en este terreno presiones menos brutales o evidentes sobre los jueces federales, cuando siguen siendo imprecisos los alcances y el envío al Congreso de la reforma judicial anunciada por el Presidente. De momento, alcanza para generar inquietud y tal vez para recoger algunas señales al nuevo poder político desde Comodoro Py, que de hecho exponen los tiempos eternos del andar judicial.

 

 

De todos modos, y aún en el horizonte de un condicionamiento de esa naturaleza -combinado con el accionar de repuestos operadores kirchneristas en medios federales-, no asoma sencillo cerrar el frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner. En círculos no ajenos al oficialismo, y también entre conocedores de estos temas hoy en la oposición, se pinta este cuadro: es posible que queden en la nada causas como la del dólar futuro, pero en condiciones normales es muy difícil revertir casos como Hotesur y Los Sauces.

 

 

Eso, enfatizan, en las condiciones actuales. Algo que explicaría, en espejo, las posiciones sostenidas más allá de lo ideológico por Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat: cada uno a su modo, empujan alguna salida por ley para frenar definitivamente los juicios.

 

 

La ofensiva por los “presos políticos” no expresa un camino determinado pero sí un objetivo, más allá de que para bajarle el tono, algunos prefieren presentar todo como un debate por una cuestión semántica. La primera expresión de esta escalada apareció poco antes de las celebraciones de fin de año posado, con un pedido de libertades y sin otro condimento. A mediados de enero, el foco estuvo puesto directamente en el Presidente, medido en su reacción hacia afuera pero más que molesto por esa andanada. Ahora, el apuntado fue su jefe de gabinete.

 

 

En estos últimos capítulos, y al margen de las declaraciones más duras o llamativas –Hebe de Bonafini, Julio De Vido, Oscar Parrilli-, entró en crisis la explicación que remitía tales reclamos a sectores marginales dentro del oficialismo.

 

 

Hace un mes, de todos modos, había sido minimizado el tuit con que Eduardo “Wado” de Pedro se pronunció a cuatro años de la detención de Milagro Sala. “No queremos más presas y presos políticos en la Argentina”, escribió. No trascendió ninguna señal de disgusto con el ministro del Interior: es una pieza central del Gobierno. Dicen que habría limitado sus dichos al caso de Sala sin pretensiones de polémica con el Presidente, que buscaría una salida política a escala provincial para este caso.

 

 

El silencio de entonces expresó, sí, especial celo en el cuidado de las exposiciones públicas. Ayer, por eso mismo, causaron impacto interno las declaraciones de Elizabeth Gómez Alcorta en respuesta sin vueltas al jefe de Gabinete. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad puso como ejemplo a Milagro Sala –cuya defensa encabezó- pero fue más lejos y definió a su modo –con tono de explicación destinado a Cafiero- la categoría de “preso político”.

 

Habrá que ver cómo lo interpreta en términos de interna el jefe de Gabinete y, sobre todo, el Presidente. No se trata de un debate académico, ni de derecho ni de ciencia política. Silencio y malestar van de la mano, por ahora.

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