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Alberto Fernández apura la creación de una línea de crédito blando y subsidiado para las categorías C y D del Monotributo que incluye -en su mayoría- a trabajadores independientes como abogados, dentistas, contadores y arquitectos. El Presidente ya desplegó una batería de medidas para aliviar la situación económica de la clase media y ahora pretende que este instrumento financiero pueda cerrar una línea de defensa de las profesiones liberales que sufren la asfixia de ingresos causada por la extensión necesaria de la cuarentena obligatoria.

Es probable que el confinamiento se extienda en mayo, y es un hecho cierto e indubitable que los estudios y consultorios profesionales seguirán cerrados por su capacidad para extender el contagio de la plaga. Entonces, desde esta perspectiva, el Presidente resolvió otorgar una línea de crédito especial para abogados, dentistas, contadores y arquitectos -entre otros- que ya no tienen recursos para solventar sus costos mensuales.

Alberto Fernández designó a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, y Matías Kulfas, ministro de la Producción, para redactar la iniciativa que intenta alivianar la presión económica que sufren ciertas actividades profesionales como consecuencia del confinamiento. Este equipo gubernamental ya tiene un borrador que se trabajó ayer y el viernes en la quinta de Olivos.

El borrador se estructura sobre los siguientes aspectos básicos:

1. Serán beneficiarios los contribuyentes de las categorías C y D del Monotributo, pero la adhesión no será automática: se busca ayudar a los profesionales con ingresos bajos y medios, y no a los grandes estudios que tienen capacidad económica y financiera para resolver los gastos cotidianos, rutinarios y mensuales.

2. Será una línea de crédito que tendrá un monto de 60.000 a 80.000 pesos por mes.

3. La tasa será subsidiada -por debajo del 24 por ciento prevista para las pymes-.

4. El crédito se toma a un año, y los beneficiarios tendrán seis meses de gracia para iniciar su cancelación.

La estrategia de Alberto Fernández para aplanar la curva de la pandemia se apoya en la cuarentena obligatoria. Ello implica limitar los contactos sociales en los espacios públicos y la imposibilidad de realizar actividades comerciales que puedan acelerar el contagio del coronavirus. Esta metodología produce resultados desde una perspectiva sanitaria, pero es una catástrofe para las profesiones liberales como abogados, dentistas, contadores y arquitectos.

Al principio de la cuarentena, el Presidente desplegó una batería de medidas destinadas a paliar los efectos económicos de la pandemia en los sectores más castigados de la sociedad. Se reforzaron las jubilaciones y las pensiones, se duplicó la AUH y se estableció una ayuda de emergencia a las familias con escasos ingresos.

En este sentido, y ya orientado a la denominada clase media, Alberto Fernández ejecutó un paquete de iniciativas vinculadas a los alquileres, los desalojos, las tarjetas de crédito y las hipotecas, que podían caer en impagos involuntarios debido a la ausencia de ingresos como consecuencia del confinamiento necesario para enfrentar a la pandemia.

“La intención ahora es ayudar a los profesionales que no pueden pagar el alquiler de sus estudios o a sus empleados en medio de la emergencia del coronavirus”, explicó el Presidente a Infobae.

-¿Y cómo van a discernir quiénes son los profesionales que ya no tienen recursos para pagar los gastos mensuales? -preguntó este medio.

-Es una trabajo complejo, pero lo vamos a lograr -dijo el jefe de Estado.

Alberto Fernández pretende anunciar los créditos blandos para las categorías C y D del Monotributo antes de que concluya la semana próxima. Cafiero tiene pensado acelerar la marcha del proyecto desde mañana en la Casa Rosada y luego viajar a Olivos para presentar los avances legales de la iniciativa que diseña junto a Todesca y Kulfas.

Con todo, la ayuda financiera a los profesionales que tienen sus estudios y consultorios cerrados puede tener demoras por la dificultad de definir a los posibles beneficiarios de los créditos blandos. Desde esta perspectiva, y como ya se hizo con el bono de la ANSES de 10.000 pesos, el Gobierno habilitaría una página oficial para que se inscriban los interesados en la iniciativa presidencial.

Con la solicitud presentada -operará como una declaración jurada-, el Gobierno haría un cruce con las liquidaciones de ganancias de la AFIP, y a continuación se determinaría a los beneficiarios de la línea de crédito. Son dos etapas consecutivas que llevarán su tiempo: la redacción final del proyecto y los profesionales que serán autorizados a percibirlo.

“Si para ayudar desde el Estado tengo que duplicar los fondos, así lo haré. Pero quiero que lleguen adonde corresponde, sin vivos en el medio. Porque es la plata de todos”, completó Alberto Fernández desde la quinta de Olivos.