En un pedido de informes presentado en el día de hoy, el senador Martínez requiere al gobierno nacional indique “qué medidas se adoptaron para incentivar el uso de medios de pago electrónicos”, así como “si se consideró la posibilidad de rebajar o imponer un tope máximo a las comisiones que las entidades bancarias y los proveedores de servicios de pago cobran a los comercios por la utilización del servicios de pago electrónico”, y “cuántos beneficiarios de haberes, jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no se encuentran aún bancarizados” y “qué porcentaje del total representan”, entre otras cuestiones.
En los fundamentos del proyecto, Martínez cuestiona: “La inadmisible situación de ruptura de la cuarentena suscitada a inicios del corriente mes, y repetida en los últimos días, se ha transformado en un hecho lamentable del que aún no advertimos las consecuencias. Por ello entendemos que el gobierno debe proponer medidas de carácter urgente, tendientes a evitar que estos hechos se repitan de la misma manera, en los meses sucesivos.
“Y explica: “Durante los últimos años, en paralelo a la ampliación de los servicios “virtuales” ofrecidos por el sistema bancario, creció de forma exponencial en nuestro país el uso de las billeteras electrónicas. Ello ha contribuido a facilitar el cobro y pago al ciudadano, por parte de cuentapropistas, pequeños y medianos comerciantes, mediante el uso del celular, sin necesidad de instalar el servicio de posnet. Además, ello ha contribuido a blanquear esos consumos, con el consiguiente beneficio fiscal y a evitar el uso de dinero en efectivo, aliviando colas de bancos y cajeros automáticos, entre otros beneficios.”
“Sin embargo, el actual gobierno, a contramano de la tendencia mundial a abandonar el efectivo, utilizar menos la tarjeta de débito y utilizar cada vez más las apps de pago con códigos QR, saca resoluciones como la 179/2020 del Ministerio de Trabajo, que prohíbe a los empleadores el pago de las remuneraciones mediante la utilización de dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados, aún cuando existiere aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador”, indica el senador de Juntos por el Cambio.
Para Martínez “se podría haber perfeccionado, corregido o mejorado la Resolución 168/2018 que otorgaba tal posibilidad. Derogarla, de modo liso y llano, sencillamente “atrasa”, y dificulta al propio gobierno el cumplimiento de sus objetivos sanitarios en medio de la pandemia, o el cumplimiento de los objetivos planteados en el uso de la Tarjeta Alimentaria en los comercios “de cercanía”.”
“Nos preocupa la falta de reflejos para prevenir este tipo de situaciones generada, a todas luces y sin excusas, por la inacción estatal. Más allá del impacto en la prevención de la salud, la ausencia de esfuerzos para masificar este tipo de herramientas en los sectores sociales más vulnerables, contradicen abiertamente los objetivos planteados en diferentes programas sociales. Su masiva difusión no solo desincentivaría el uso de efectivo, sino que permitiría “blanquear” cierto sector de cuentapropistas hoy al margen del sistema”, señaló el legislador riojano.
Para finalizar, Julio Martínez cuestionó duramente al gobierno nacional al afirmar que, “en este contexto de pandemia, es una actitud irresponsable, casi criminal, mandar a la gente a hacer cola para cobrar sus beneficios y pagar sus servicios e impuestos”.