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La abogada Silvina Martínez, denunciante de las causas Hotesur y Los Sauces, pedirá investigar penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción Felix Crous por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Es por la decisión del organismo de renunciar a la querella de la OA en esos dos expedientes que ya están en instancias de juicio oral y en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

 

 

“La decisión de la Oficina Anticorrupción va en consonancia con un plan de impunidad para que la ex presidenta quede libre de culpa y cargo”, sostuvo la abogada a Infobae. “La causa está paralizada desde el TOF 5, la OA deja de ser querellante, a nosostros nos apartaron de ser amigos del tribunal, se está evaluando levantar las medidas cautelares para devolverle las propiedades. Y mientras tanto se busca

instalar la teoría del kirchnerismo de que son todas causas armadas producto del macrismo y los medios”

 

 

Según afirmó, “desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones los jueces del Tribunal Oral Federal 5 han cambiado mucho el impulso de estas causas y han tomado medidas para favorecer a los Kirchner en una forma muy escandalosa". Señaló que si no se puede terminar con un sobreseimiento se buscará dilatar la causa hasta que prescriba.

 

 

En el escrito que se presentará mañana en tribunales, Martínez -que trabaja con la ex diputada Margarita Stolbizer- acusó a Crous porque la oficina está bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, y por esa circunstancia, "al depender jerárquicamente de aquellos funcionarios a quien debe acusar en su rol de querellante en las causas mencionadas es que se decide abandonar los deberes a su cargo y retirarse de las querellas.”

 

 

A criterio de la abogada, Crous “incurre” en dos delitos de violación de deberes y abuso de autoridad. “Sabido es que la Oficina Anticorrupción es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción”. Y que la Argentina, añadió, se comprometió allí a avanzar en la lucha para este tipo de prácticas por entender que “constituyen una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

 

 

 

Puntualmente, Martínez resaltó que el decreto 102/99 establece que la OA debe constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado y precisó que en marzo de 2018 se fijaron pautas para que la repartición pudiera intervenir como querellante en aquellos procesos que: “1) tengan importancia para el interés publico en virtud de los derechos y garantías afectados, población afectada por el daño, estudios de opinión pública, impacto en la sociedad civil y/o medios de comunicación; 2) relevancia real o potencial del daño económico o perdida financiera; 3) nivel o jerarquía de los funcionario públicos involucrados, entre otros criterios”.

 

 

Fue entonces que Silvina Martínez abordó los términos de las acusaciones contra la vicepresidenta en donde, según los procesamientos y pedidos de elevación a juicio de las causas Los Sauces y Hotesur, en donde se investiga "una asociación ilícita que canalizaba recursos del Estado a través de diferentes empresas mediante maniobras de lavado de dinero”.

 

 

En el caso Hotesur, afirmó Martínez, “pudo comprobarse que Néstor Kirchner, Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos y Florencia Kirchner, Lázaro Antonio y Martín Antonio Báez, Osvaldo Sanfelice, a través de la estructura conformada a tal fin, posibilitaron con su accionar concreto que los fondos que eran obtenidos de forma irregular a través de las empresas pertenecientes al conglomerado de Báez fueran conducidos hacia la actividad hotelera y con posterioridad, se integraran al patrimonio de la familia Kirchner. Todo esto, con el objeto de que pudieran disponer de ellos libremente ya que se encontraban ‘blanqueados’ y en apariencia distanciados de su origen”.

 

 

En la causa Los Sauces, hubo un “esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de esa sociedad para “legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”.

 

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