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Actualmente, los Estados tienen que hacer frente a los efectos negativos para los pueblos que trae aparejado el COVID-19. En este escenario, se están evidenciando con claridad los límites que adquieren las ideas y las propuestas neoliberales del libre mercado y del Estado mínimo. Tomando distancia de esta ideología disfrazada de discurso científico, los distintos gobiernos del mundo están interviniendo activamente con regulaciones económicas, sociales, migratorias y sanitarias. Para detener el avance del coronavirus los Estados nacionales están siendo fortalecidos en Europa, en Estados Unidos y en la región sudamericana. Los norteamericanos están implementando un inédito programa de apoyo productivo y social con la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).

 

 

En el terreno económico y social, la Argentina atraviesa un difícil escenario caracterizado por una recesión de más de dos años, una inflación acumulada cercana al 50% anual, con un sector pyme al borde de la quiebra generalizada y con una deuda pública superior a los 300 mil millones de dólares. El desempleo pasa los dos dígitos y la pobreza castiga alrededor del 40% de la población. Diariamente se producen despidos, suspensiones y la inactividad de la economía informal están dejando a la gran masa de trabajadores argentinos desprovistos de los ingresos básicos para mantener dignamente su familia.

 

 

El gobierno nacional tiene que actuar con contundencia, con inteligencia y con coraje para resolver este difícil escenario. Se están tomando oportunas medidas para impedir despidos, subsidiar empresas para el pago de los sueldos y otras tendientes a proteger a la economía informal. A estas acciones de emergencia hay que integrarlas a un programa de desarrollo de largo plazo, que puede ser diagramado desde el Consejo Económico y Social que anunció hace tiempo Alberto Fernández y que aún no se implementó.

 

 

El impostergable programa de la reconstrucción hoy tiene su gran limitante en el financiamiento, por el hecho de que el sistema financiero está escindido del desarrollo nacional. El régimen que regula el Banco Central, los bancos privados y públicos y el conjunto de las entidades financieras fue formulado por la dictadura de 1976 (en 1977) y por los ideólogos neoliberales de los años noventa. Este sistema es el garante del endeudamiento estructural sin desarrollo, de la fuga de capitales y de la especulación que desincentiva la producción y que impide la creación de empleo.

 

 

Para poder crecer y solucionar los problemas nacionales en un mundo cerrado por el coronavirus, la Argentina necesita con celeridad refundar su régimen financiero. A continuación, enumeramos siete razones fundamentales que justifican el impostergable y estratégico cambio de regulaciones que tiene que impulsar Alberto Fernández.

 

 

1. Cuidar a los ahorristas frente a las crisis. La historia argentina es una muestra de que frente a las crisis y las corridas bancarias los ahorristas pierden su capital y las entidades financieras los estafan. El sistema bancario privado se acostumbró a distribuir las pérdidas y mucho menos a repartir las ganancias.

 

 

2. Transformar el ahorro argentino en inversión productiva y social. El sistema financiero presta atendiendo meramente el interés de dinero de corto plazo y no el interés público estratégico. Es necesario, por eso, orientar el ahorro nacional a la inversión productiva de mediano y de largo plazo. Con este fin deben modificarse las normas que orientan el Banco Central y la Ley de Entidades Financieras. Como dice el Papa Francisco, el dinero debe servir, no reinar.

 

 

3. Los intereses nacionales tienen que ser protegidos. Durante la dictadura de 1976, el menemismo y el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Central fue una pieza fundamental para organizar y para legalizar la especulación financiera y la fuga de capitales. Debe reformarse integralmente el sistema protegiendo al Estado, al productor y al trabajador argentino. La acumulación pública de deuda de manera injustificada y con fines meramente especulativos debe ser duramente penalizada.

 

 

4. El ahorro argentino debe sustituir el oneroso costo de querer vivir con el ahorro extranjero. La falta de un correcto uso del ahorro nacional lleva a los gobiernos a tomar deuda y con ello se hipoteca la recaudación de impuestos que son dedicados al pago del capital y de los intereses de los acreedores. Hay que aprender a vivir con lo nuestro, como dijo Aldo Ferrer. Y esto aunque parezca antiguo en este retroceso histórico, es futuro. El crédito externo debe ser un complemento y no la base del financiamiento argentino.

 

 

5. La política monetaria tiene que integrase al plan nacional de desarrollo. En nombre de la autonomía del Banco Central, se hace política a favor de los especuladores extranjeros y de la fuga de capitales. Es fundamental una reforma de la estructura de decisión y de las funciones del organismo para que esté definitivamente al servicio de la producción y del trabajo de los argentinos.

 

 

6. La banca pública debe ser un motor del desarrollo. El país requiere de un Banco Industrial de Desarrollo y de un Banco Hipotecario que contribuyan a financiar la actividad estratégica productiva y la vivienda social del pueblo argentino.

 

 

7. El sistema financiero tradicional puede coexistir con otros regímenes cooperativos y mutuales. Con este

objetivo, el Estado tiene que impulsar y normar los diversos sistemas sociales de la monetización y del intercambio.

 

El autor es secretario general de UEJN y secretario de Derechos Humanos de la CGT

 

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