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Además, se indica que en reunión con los  referentes académicos/as vinculadas a la realidad social, en torno a la materialización de una agenda pública se definieron sus bases a los siguientes ocho puntos:

-La crisis política y económica actual, tiene su evidente repercusión en “la cuestión social”. De cualquier manera sostenemos nuestra postura, en que no son los Ministros de Desarrollo Social los que “resuelven” estas situaciones, sino los Modelos Económicos (y su ejecución) los que redundan e impactan verdaderamente en la cotidianidad de los/las argentinas/as. 

-Manifestamos nuestra preocupación por el ajuste que viene impulsando el Gobierno Nacional que recae, sobre todo y con más impacto, en los sectores más vulnerables de la población. 

-Los principales receptores de la demanda social, son las carteras a nuestro cargo. En este sentido es necesario que todas las jurisdicciones puedan acceder a las mismas herramientas y programas sin discrecionalidad.

-En contextos como en actual, es menester que los Ministros de Desarrollo Social propicien redes de contención y ejecuten el gasto social de modo contra cíclico con niveles de institucionalidad que eviten mayores daños. 

En tal sentido, se acuerdan las siguientes líneas programáticas.

-Reincidir en el pedido a las autoridades Nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, en la necesidad de conformar e instituir una Mesa Nacional de Ministros de Desarrollo Social que redunde en Políticas Sociales más federales e inclusivas. En ese sentido, que participen también de la ley de Emergencia Social.

-Manifestamos nuestra preocupación sobre la Asignación Presupuestaria destinadas a las áreas sociales, fundamentalmente la Seguridad Alimentaria.

-Ante la pérdida de la Seguridad Alimentaria y la heterogénea situación de las provincias para compensar esa situación con recursos propios, se solicita que el Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional.

-Instrumentar la actualización y sostenibilidad de los programas de transferencia monetaria para la protección y subsistencia de millones de familias vulnerables.