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El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy enviar al Poder Ejecutivo las objeciones a los traslados de 10 jueces federales al considerar que ese trámite judicial no está completo y debe pasar por el Senado para su aprobación final. Fue por siete votos de los integrantes del oficialismo contra seis de la oposición.

 

 

Los votos a favor fueron los del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, del representante de los académicos, Diego Molea, del juez Alberto Lugones, de las diputadas peronistas Graciela Camaño y Vanesa Siley y de los senadores del Frente de Todos Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara. En contra votaron el diputado del PRO Pablo Tonelli, los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Velez y la senadora de la UCR Silvia Giacoppo.

 

 

Ahora el tema pasará al Poder Ejecutivo que deberá determinar si comparte que para esos nombramientos se necesita la aprobación del Senado. Así lo sostiene el oficialismo que considera que la Constitución Nacional establece que la designación completa de un juez es con la intervención del Senado. Desde la oposición entienden que los traslados de esos 10 jueces no requieren la aprobación de la Cámara alta porque así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

 

Los 10 jueces objetados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Tres de ellos son magistrados de los tribunales de Comodoro Py, donde se tratan las causas de corrupción. Son los casos de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal, y el de Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, donde está el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la llamada causa “cuadernos de la corrupción”.

 

 

También hay tres jueces federales que tienen la competencia electoral de Chaco, Jujuy y de Misiones. Son Niremperger, Hansen y Skanata, respectivamente. Otro nombre de relevancia es el de Villena, juez federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri hasta que fue apartado del expediente.

 

 

Además de que no pasaron por el Senado las objeciones, según cada caso, es que los traslados se dieron entre distintas jurisdicciones o para tribunales cuyas competencias –los temas que tratan– son distintas.

 

 

El tema primero fue tratado por la Comisión de Selección del Consejo, que preside Camaño. El voto de la diputada fue clave porque desempató la paridad de 6 a 6 en la que está el oficialismo y la oposición en el Consejo. “Todo lo que es instalar a un juez en un tribunal, cualquiera sea o cualquier jurisdicción, no es una facultad discrecional de este Consejo ni tampoco del Presidente de la Nación. La Constitución Nacional quiere que sea un acto complejo. Todo el proceso que rodea a estos 10 nombramientos claramente surge que se cometieron errores. Tenemos la obligación de enmendar el error. Tenemos que tener reglas claras porque estoy cansada, en esta ancha avenida del medio en la que estoy, que de los dos lados cometan discrecionalidades”, dijo Camaño.

 

La oposición mantuvo su postura que se trata de un tema en el que el Consejo no puede intervenir, que los traslados cumplieron con los requisitos legales y que son actos jurídicos que ya tienen efecto y que solo pueden ser revocados mediante una causa judicial.

 

¿Que ocurrirá si el Senado no les da acuerdo a todos o alguno de los traslados? Los jueces objetados deberán volver a sus tribunales de origen.

 

Ustarroz presentó hace 10 días un informe en el que sostuvo que hubo irregularidades en el traslado de 10 jueces que se hizo durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El traslado es cuando un juez pasa de un tribunal en el que es titular a otro que se acaba de desocupar. El Consejo, que es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales, recomienda el traslado y el Poder Ejecutivo lo aprueba o no con un decreto.

 

Tres de los 10 jueces objetados presentaron ayer notas en el Consejo en las que defendieron sus traslados. Bruglia, Bertuzzi y Castelli señalaron que se aprobaron cumpliendo con la normativa vigente de ese momento y que la Corte avaló que no tenían que pasar por el Senado. Y adelantaron que irán a la Justicia si se avanza para apartarlos de los cargos actuales. Bruglia pidió la recusación del consejero Lugones por algunas expresiones que había tenido la semana pasada. “No estoy hablando de nadie en particular, sino de un sistema que fue irregularmente utilizado”, señaló Lugones, y la Comisión rechazó por unanimidad la recusación.

 

El debate en el Consejo se da en paralelo a la reforma judicial que ayer presentó el presidente Alberto Fernández en la que reorganiza la Justicia federal y crea una comisión para analizar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

 

 

“El traslado de un magistrado a un cargo perteneciente a una jurisdicción distinta y/o con una competencia distinta en razón de grado o de la materia, a aquél para el cual fuera originariamente designado, configura en realidad un nuevo nombramiento que se aparta del procedimiento constitucional consagrado en el art. 99 inc. 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional”, sostiene el dictamen que presentó Molea y que fue aprobado.

 

El dictamen establece que se le debe comunicar al Poder Ejecutivo la situación de esos traslados y todos sus antecedentes. Con eso, el Gobierno podrá entender que falta completar el trámite y enviar los nombres al Senado para que les dé acuerdo o no. El oficialismo cuenta con la mayoría para aprobar los pliegos que quiere y rechazar los que no. El texto también propone informarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “atento la naturaleza de las cuestiones comprometidas”. “A la Corte le vamos a informar solo para que sepa, no para que resuelva algo”, le dijo a Infobae una fuente del Consejo que trabaja en el tema.

 

 

La Corte fue clave en el debate que la semana pasada ya tuvieron el oficialismo y la oposición en el Consejo. El máximo tribunal dictó en 2018 dos acordadas, la 4 y la 7, cuya interpretación discuten las partes. El oficialismo señala que allí quedó claro que debe haber intervención del Senado. Para la oposición que no para el caso de los 10 traslados objetados.

 

“Cabe resaltar que aquí no se está proponiendo remover del Poder Judicial de la Nación a ningún magistrado, sino que, tal como lo exigen los sistemas de protección internacionales en materia de derechos humanos, se pretende salvaguardar la transparencia que necesariamente debe caracterizar al procedimiento de selección de magistrados a través de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar, tal como prevé nuestra Constitución Nacional”, agrega el dictamen.

 

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