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La pandemia obligó a todos los países del mundo a reorganizar formas tradicionales de trabajo. Sin embargo, la Argentina está haciendo todo lo posible para quedarse en el pasado. 

 

 

El Senado terminó arruinando el teletrabajo en la Argentina. Pero tampoco hay que echarles la culpa a los senadores. El proyecto de regulación -por no llamarlo de prohibición- del home-office salió de Diputados y contó con la aprobación de los legisladores de Juntos por el Cambio. En Diputados nadie se preocupó por escuchar las opiniones del mundo empresario y, fundamentalmente, de las Pymes, que son las que más necesitarían del teletrabajo para bajar costos y poder volver a crecer después de la pandemia y generar muchas oportunidades de trabajo.

 

 

Un par de perlitas para entender por qué, cuando en todos los países después de la pandemia seguirá teniendo un enorme impulso el teletrabajo, las Pymes argentinas deberán pedirles a los empleados que regresen a sus oficinas para trabajar a la vieja usanza:

 

 

– El trabajador decide cuándo y cómo terminar la relación de teletrabajo. Si el empleador para bajar costos dejó el alquiler de su oficina, deberá salir a alquilar un espacio conveniente para el empleado, si este no quisiera trabajar desde su hogar. Si no, puede darse por despedido y cobrar su jugosa doble indemnización. Esto, además, impide contratar teletrabajadores en otras provincias, ya que en cualquier momento podrán reclamarle al empleador (por ejemplo en Parque Patricios) que les ponga una oficina cerca de su casa (por ejemplo en Jujuy). Y que ni se le ocurra contratar teletrabajo extranjero: está prohibido. Ese toque de xenofobia puede llevar a retaliaciones a nivel internacional.

 

– Se deben respetar los horarios habituales de la oficina. Las partes podrían pactar “por debajo de la mesa”, por ejemplo, darle la tarde libre a una empleada para acompañar a su hijo a un acto en el colegio, pero si compensa esas horas trabajando a la noche, esa empleada podrá reclamarlo luego en juicio como horas extras impagas.

 

 

– Aunque el empleado se ahorre enormes costos de transporte y mucho tiempo de viaje (time is money), el empleador deberá correr con los costos de internet, aunque el empleado esté pagando internet desde hace años. Además, a la hora de la indemnización, el suplemento de conexión se suma al monto indemnizatorio.

 

Hay muchas más “balas” en la ley que fusilaron el teletrabajo, que erizan la piel por lo absurdas y anacrónicas, pero con estas perlitas queda claro que el teletrabajo, en un país en el que de por sí contratar en blanco es costoso y siempre trae altos riesgos de litigiosidad, hay un incentivo menos a generar empleo para los privados. Y mientras tanto, la pujante industria del juicio laboral se frota las manos.

 

Dicho sea de paso: también se estropeó una enorme posibilidad de conseguir empleo en blanco para mucha gente, especialmente para madres que podrían ver resuelta su necesidad de trabajar desde su casa compatibilizando mejor con sus tareas hogareñas.

 

La regulación del teletrabajo es apenas una mancha más para un tigre que se convirtió en la semilla del fracaso argentino: el sistema laboral hizo que en las últimas décadas el único empleador que toma trabajo sea el Estado, con la consabida quiebra del país a causa de un infinanciable déficit fiscal.

 

Particularmente las Pymes, que aún hoy son por lejos el primer empleador de la Argentina, tienen enormes desincentivos a contratar, y ahora tendrán uno más.

 

Se calcula que en una economía moderna hasta el 30% del empleo puede resolverse con teletrabajo, descongestionando el tránsito, mejorando el medioambiente y generando muchas horas para el ocio, la actividad física, la familia y la capacitación para el empleado. Horas de sueño también, claro. Y todo esto mientras las empresas chicas podrían bajar costos y trabajar de manera más flexible y competitiva, generando nuevos puestos de trabajo de calidad.

 

Para entender por qué el aniquilamiento del teletrabajo es un nuevo fracaso de la comunicación empresaria, hay que repasar la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado que le dio espacio al mundo empresario para exponer posturas, luego de haber escuchado a los sindicalistas.

 

Particularmente a partir del minuto 46 de la sesión, hay que detenerse a escuchar al “representante de las Pymes”, que argumentó que había que aprobar esta regulación tal cual llegaba de Diputados porque las Pymes “son solidarias con los trabajadores”.

 

¿Quién era ese único representante de las Pymes que habló en el Senado? Se trata de Leo Bilanski, un militante “K” que creó una sello de goma que dice representar a la Pyme y que, en realidad, se trata de una de tantas organizaciones cuya única función es quitarle la voz a los 400 mil pequeñas y medianas empresas que, por el contrario, son las mayores defensoras de las desregulaciones y reformas en la Argentina.

 

Se trata de la asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Organizaciones como esta hay muchas, que usurpan la voz de las Pymes y que representan los verdaderos intereses de los pequeños empresarios -sometidos a altos costos laborales, impuestos impagables y sin acceso al crédito-, que podrían ser la clave de la recuperación de la Argentina después de la pandemia.

 

En el nombre de las Pymes se  han hecho muchas iniquidades que han contribuido a que de las 600.000 pequeñas y medianas empresas que funcionaban hace dos décadas, antes de la pandemia quedaran poco más de 400.000, y en un par de meses serán muchas menos. Y la recuperación que podría haber llegado de las Pymes después de la pandemia (supongamos lo que significaría para el mercado laboral que cada Pyme contratara a un empleado) cuenta ahora con un motivo menos: el teletrabajo.

 

Pero esta es una columna sobre comunicación. Así que la pregunta que cabe es: ¿quiénes serían los mayores beneficiarios de que en la Argentina se emprendieran desregulaciones y reformas de fondo pensando en las Pymes? Sí, las Pymes, primero. Pero luego vendrían las grandes compañías, que aunque sufran algo menos que las Pymes por las regulaciones laborales, los altísimos impuestos y la falta de crédito, podrían beneficiarse automáticamente, una vez que las pequeñas y medianas empresas lograran demostrar a la ultraconservadora sociedad argentina que desregulando se logra más empleo y mayor crecimiento.

 

En Argentina hoy no hay un partido político que pueda defender estas posiciones. Juntos por el Cambio cuenta con una importante representación parlamentaria, pero terminó tan mal su gestión en el anterior período que es muy escasa su credibilidad en materia económica.  Tampoco aprovechó sus cuatro años para fomentar una representación Pyme real que se convirtiera en una voz de peso en un debate que nunca se llegó a dar: la urgente necesidad de reformas estructurales para que el país salga de su permanente decadencia económica.

 

Ahí es donde deberían entrar las grandes empresas, que están solas, sin un partido que -como sucede en muchos países- las defienda en estos debates, que se dan permanentemente en el mundo y que aquí ni empiezan.

 

El problema de las empresas grandes es su baja credibilidad en la opinión pública argentina: los argentinos no solo son los más anticapitalistas y estatistas del mundo (incluyendo a Venezuela, Vietnam, China y Rusia), sino que no estiman a sus grandes empresarios. Muy distinto es el caso de las Pymes y los emprendedores, que en las encuestas suelen estar al tope de la confianza social, incluso por encima de los medios y la Iglesia.

 

Quizás este ejemplo del teletrabajo, en el que la voz de las Pymes fue usurpada para apoyar una nueva ley que promueve el atraso económico, sirva de toque de atención a los empresarios, que deberían ser ellos mismos quienes ayuden a las pequeñas y medianas empresas a recuperar su voz para empezar a instalar en la opinión pública un debate sobre qué tipo de economía conviene a los argentinos.

 

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