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...búsqueda de impunidad para la vicepresidenta y advirtió: “No vamos a servir o generar favores”

 

 

Experto en desafíos, León Arslanian sabe de enfrentar críticas. Por eso no le sorprenden las que viene escuchando desde hace una semana, cuando el presidente Alberto Fernández presentó a la comisión de once juristas, que él integra, para revisar, entre otros puntos, el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, interpretado en algunos sectores como un intento de avasallamiento sobre el Poder Judicial y una velada jugada para favorecer a la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus causas penales. “Acá no vamos a servir o a generar favores”, sostiene el penalista en una entrevista que brindó a Infobae.

 

 

Arslanian rechaza los cuestionamientos por el momento y la forma en que el Gobierno eligió llevar adelante este proyecto de reforma judicial, que busca –entre otras cosas- licuar el poder de Comodoro Py, los tribunales que él mismo vio duplicarse cuando fue ministro de Justicia de Carlos Menem. Según sostiene, siempre hay resistencia a los cambios, pero hay que seguir adelante cuando hay un objetivo en mente. “Esto es una necesidad y la oportunidad es muy clara, es aquí y ahora. Pudo haber sido ayer o antes… Si queremos mejorar el funcionamiento de la justicia y de la Corte Suprema, no puede ser dentro de seis meses o del gobierno que venga”, dice.

 

 

A criterio del penalista, el presidente podría haber hecho consultas privadas sobre su proyecto de reforma judicial pero decidió llamar a un grupo de juristas para colaborar con ideas. “Y no es necesario que salga a buscar de diferentes sectores políticos, porque él va a tomar o desechar” la propuesta que se le eleve, asegura. No obstante, el consejo asesor, que comenzará a funcionar el 18 de agosto, ya resolvió abrir el debate para escuchar a distintas agrupaciones, colegios y ONG para que desfilen y den su aporte al debate.

 

 

Sobre la Corte Suprema, Arslanian insiste en que el problema no está en el número de miembros -algo que, para modificarse, necesita ser aprobado con el voto de dos tercios del Senado- sino en su funcionamiento. Por eso pone el foco en el llamado “280”, una herramienta que le permite al máximo tribunal rechazar un recurso extraordinario sin dar ninguna razón. Además, promueve que las sentencias de la Corte sean de carácter obligatorio para las instancias inferiores. Aquí la entrevista que concedió a Infobae:

 

-¿Por qué la importancia de esta comisión?

 

-Esta comisión es muy importante porque se va a llevar adelante reformas y propuestas legislativas de aspectos que han quedado en tratamiento a pesar de los años desde que fueron planteadas. Pongo por caso: el código actualmente vigente para llevar los procesos penales a través de juicios orales y públicos data de 1992 y fui yo quien impulsó y puso en funcionamiento aquella reforma, que creó la Cámara de Casación y generó el proceso oral y público. Desde entonces no hubo más reformas sustanciales y cambió mucho el escenario. Es necesario ir al código que acoge el sistema acusatorio.

 

-Muchos cuestionan que, precisamente, se ponga en vigencia la ampliación de más juzgados federales cuando lo que, en todo caso, deberían fortalecerse son las fiscalías

 

-Se prevé en la reforma que mandó el Ejecutivo sobre el fuero federal un incremento significativo del Ministerio Público Fiscal. Hay que tener en cuenta algo: la reforma (el sistema acusatorio) va a empezar a regir de acá a dos años por lo menos en la CABA, ya está rigiendo en un par de provincias. En consecuencia, hay tiempo para ir viendo si es necesario ir haciendo algunos ajustes, en función de proyecciones, estadísticas y demás… Yo creo que la crítica no corresponde que se haga.

 

 

 

-Y ya hay muchas críticas…

 

-Pero siempre pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando sancionamos durante el gobierno del presidente (Carlos) Menem el Código (Procesal Penal) que hoy está vigente las resistencias que debimos vencer, la críticas y ataques sistemáticos porque pretendíamos terminar con la escritura y pasar al juicio oral y público. Nos hicieron críticas de todo tipo pese a que ya era una realidad en varias de las provincias. Cuando empezó a regir y mostrar sus frutos, todo el mundo lo aceptó y todo el mundo se dio cuenta de que era una necesidad imperiosa.

 

-Los cambios siempre suelen difíciles en sistemas arraigados pero lo que muchos cuestionan es el momento elegido

 

-Siempre se plantea como óbice… Cuando no se puede cuestionar la validez en sí misma de la reforma, hay una crítica residual que es la de la oportunidad. Yo respondo a eso que cuando se trata de una necesidad, la oportunidad es cualquier momento. Esto es muy necesario por muchas razones.

 

-¿Cuáles?

 

-Pasemos a ver la Corte. La Corte está atiborrada de expedientes, hace un gran esfuerzo por sacar la mayor cantidad que puede. No hay reproche por la demora verificada que existe en que salgan sentencias. Pero están trabajando con un sistema, con el recurso extraordinario que ha quedado obsoleto, es anacrónico, y que en consecuencia para que obtengamos resultados más apetecibles, más favorables, respecto de la Corte, es necesario una reforma estructural de la Corte.

 

-¿La Corte debería restringir la aceptación a los recursos extraordinarios?

 

-Claro. El 80 por ciento de los fallos de la corte se resuelven por aplicación del 280 del Código Civil y Comercial de la Nación que tiene la institución llamada ‘certiorari’ que faculta al tribunal para rechazar, sin necesidad de explicación, aquellos recursos extraordinarios que no plantean agravios federales o no tiene fundamentos. Tomar esa decisión y aplicar la plancha del 280 es una de las razones que anega a la Corte de expedientes porque el 80 por ciento es eso. Y circulan por cada uno de los despachos de los jueces y los tienen que mirar para saber si efectivamente se trata de un certiorari negativo. Así que esto es una necesidad y la oportunidad es muy clara, es aquí y ahora. Pudo haber sido ayer o antes… Si queremos mejorar el funcionamiento de la justicia y de la Corte Suprema, no puede ser dentro de seis meses o del gobierno que venga.

 

 

-Y cuando escucha que esto es para Cristina Kirchner y sus causas judiciales, ¿qué responde?

 

-Yo creo que no advierten, o si lo advierten no les importa o lo desechan, que el consejo que han creado es un insumo más para el Presidente. El Presidente seleccionó gente en la que confía por su solvencia o trayectoria o por lo que fuere, para que lo aconsejen en temas que cree importantes que él ha identificado, para su coleto. Por eso no es necesario que salga a buscar de diferentes sectores políticos, porque él va a tomar o desechar esto de la misma manera; o trabajarlo con su equipo técnico del Ministerio de Justicia o la Secretaría Legal y Técnica… Lo tomará o lo dejará.

 

-El foco de la oposición está puesto en la ampliación de la Corte...

 

-La discusión acerca del incremento, que a muchos les preocupa, eventual de ministros de la Corte es una discusión que se da en el seno del Congreso de la Nación con la oposición y la designación de jueces de Corte se da con un acuerdo calificado en el Senado. De modo que no está bien la crítica porque nosotros no decidimos absolutamente nada.

 

-Usted en una entrevista dijo que no iba a rifar su prestigio. ¿Qué quiso decir?

 

-Si efectivamente se interpreta esta reforma como un instrumento o una manera solapada de licuar a la Corte a través de la ampliación del número de ministros, para designar personas que sean de la confianza o del interés de la vicepresidenta, eso es realmente restarle calidad y seriedad al trabajo que nosotros vamos a hacer. Y verdaderamente es ser utilizado con una finalidad meramente política y personal. Entonces yo digo, caramba, nosotros vamos a por otra cosa, no vamos a servir o a generar favores.

 

-¿Escuchó al constitucionalista Alberto Garay decir que, a su criterio, tanto usted como el doctor Carlos Beraldi deberían dar un paso al costado teniendo quiénes son sus clientes?

 

-Estamos dando vuelta siempre alrededor de lo mismo. El Presidente creó este Consejo y lo hizo público. Pudo haber hecho consultas privadas y naturalmente, con mucho gusto, hubiéramos prestado nuestro conocimiento y predisposición. Eso me parece esencial y no lo podemos perder de vista. Después el tema de la oportunidad, vuelvo a insistir: hay necesidad, hay oportunidad. Luego está el tema de las consultas. Si bien no tendríamos nosotros necesidad de hacerlas, hemos dispuesto en el seno del consejo hacer una amplia consulta a sectores de los más diversos: academias de derecho, personas que se oponen a esta reforma, representantes de partidos políticos, ONG, personas físicas expertos en el tema que van a desfilar y todo va a ser de carácter público.

 

-Eso es una noticia la que está dando

 

-Es que tampoco les preocupó mucho a los que se lanzan desesperadamente a criticar sin preguntarnos a nosotros qué características iba a tener este trabajo o de qué modo lo íbamos a llevar adelante. Esto demuestra primero transparencia en el funcionamiento. Invitaremos a los que tengan mérito para poder opinar.

 

-¿Y qué otra cosa resolvieron ya?

 

-No, nada más. Solo cuestiones de trabajo.

 

 

-Vuelvo a consultarlo sobre la Corte Suprema. ¿Los fallos de la Corte deben ser obligatorios?

 

-Lo que está ocurriendo, aunque recientemente hubo una sentencia, es que hay una necesidad de resolver el valor que tiene la sentencia. En nuestro sistema, la sentencia de la Corte resuelve sobre el caso en particular y no el universo de asuntos que tienen identidad con ese caso, como son, por ejemplo, los ajustes jubilatorios. De modo que decimos esta es una manera de alivianar enormemente a la Corte, porque para qué vamos a hacer que suban los 10 mil expedientes al tribunal cuando el tribunal ya tiene fijada su doctrina interpretativa y que la va a seguir aplicando cuando la tengan que resolver. Esto es una regla; que lo que resuelva en el caso y va a ser para todo.

 

-Pero a veces la Corte cambia de criterios. ¿Eso no le impide tener a la Corte una segunda mirada?

 

-Cuando quieran tener la segunda mirada, abrirán un recurso extraordinario.

 

-Otro de los miembros de la comisión, el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, propone un nuevo tribunal de Casación.

 

-Sí, un tribunal intermedio. No está de ninguna manera en la enumeración de temas del Ejecutivo para su conocimiento por parte de nuestra. Podríamos quizás hacer una sugerencia en ese sentido pero no está en el temario.

 

-Y sobre el Consejo de la Magistratura ¿qué se busca revisar?

 

-El Consejo de la Magistratura tiene una responsabilidad importante en la demora extraordinaria para poder designar a los candidatos a jueces. Lo que dura el proceso es inexplicable e innecesario. Hay que revisar muy bien dónde están los cuellos de botella y por qué se producen las demoras. Lo interesante son las pautas y los tiempos que ha impuesto en ese proyecto de ley el Presidente para abreviar los pasos. Además corrige un defecto serio que se fue generando que es la sobrevaloración de los antecedentes. Eso le resta mérito al resultado del concurso. Hay personas que obtienen el máximo de concurso, son los número uno en la lista, pero cuando el Consejo elabora la terna en función de los antecedentes van a parar al lugar 18. Es inadmisible, son cuestiones para resolver.

 

 

-¿Existe el Lawfare? ¿Este proyecto va a cambiar algo de eso?

 

-En principio sí. El problema que aqueja al fuero federal y motiva esta reforma tan significativa es la acumulación de los procesos que tienen mucho que ver con la naturaleza federal: delitos de funcionarios, tráfico de drogas, asociaciones ilícitas. Esas causas se concentran en Comodoro Py, que tiene 12 jueces y que se dedican a esto. Se ha generado un poder concentrado sobre el cual es muy fácil poder hacer operaciones, tratar de influir en las decisiones desde la política y servicios de inteligencia.

 

-¿Y eso ya no ocurre?

 

-Nada se termina de la noche a mañana. Los fenómenos siempre son residuales y hay que irlos erradicando, vigilando y castigando, para usar el título de Foucault. Toda esta transformación de disolver problemas concentrados no se hacen de la noche a la mañana pero es un camino excelente elegido por el Presidente.

 

-Pero es inevitable hacer lecturas políticas sobre la puesta en marcha de esta reforma

 

-Es la naturaleza de las cosas. Sería muy raro que frente a reformas de esta intensidad y magnitud no se hagan escuchar voces en contra, disidentes, algunas de buena fe, otros de dudosa buena fe.

 

-Algunos sostienen, incluso funcionarios de Comodoro Py, que esto es lo mismo que hizo en la época de Carlos Menem. Imposible no preguntarle a usted que estuvo ahí.

 

-Lo que hizo Menem fue fortalecer el fuero federal porque seis jueces eran muy pocos, pero así hicimos con toda la justicia ordinaria.

 

-Pero en ese momento usted se fue del Ministerio de Justicia por los nombres que proponían para ocupar estos cargos

 

-Eso es cierto pero es otra historia. La llave de la solución definitiva de esto, junto con el licuamiento de los jueces federales, es traspasar la investigación al Ministerio Público Fiscal. Que de ahora en más el fiscal será quien investigue y proponga medidas cautelares y de prisión, y eleve, cuando lo crea conveniente, el expediente a juicio; y los jueces federales tendrán un trabajo más sereno y serio que tendrá que ver con el control de la legalidad de los procedimientos. Es un sistema muy bueno.

 

-¿Cuántos miembros tendría que tener la Corte Suprema?

 

-Acá no hay un tema de miembros de la Corte. Con estas reformas que suponemos que podrán ser implementadas, cinco miembros van a poder abastecer el trabajo.

 

- La última: ¿La Corte está funcionando mal como dijo el presidente?

 

-Insisto: esto no tiene que ver con el desempeño de la Corte sino con el funcionamiento de los jueces. No es un problema de números.

 

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