delinterior.com.ar

...su agenda y sus decisiones jurídicas...

.

 

La Corte Suprema tiene cinco miembros, mientras que Cristina Fernández y sus aliados pretenden ampliarla hasta 9 integrantes para forzar una mayoría automática. (Nicolás Aboaf)

 

 

La Reforma Judicial que empuja la Casa Rosada podría funcionar como un Caballo de Troya a la medida de Cristina Fernández de Kirchner y sus aliados desplegados en los tres poderes del Estado. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el senador nacional Oscar Parrilli, serían los autores ideológicos de este proyecto de ley para ampliar de la Corte Suprema y lograr una mayoría automática que permita ajustar su agenda institucional a las necesidades políticas y judiciales de la Vicepresidente.

 

 

La Corte conoce las intenciones del kirchnerismo, pero se encuentra sin una estrategia definida para proteger su identidad y su independencia. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, y su colega Horacio Rosatti, analizaron durante el fin de semana que respuesta se daría a las intenciones del Gobierno, y todo quedó reducido a decisiones jurisdiccionales de escaso calibre.

 

 

Mientras tanto, el sector kirchnerista más duro del Frente de Todos aguarda su momento para acelerar la presentación de la iniciativa de ampliación que se esconderá detrás de la discusión parlamentaria de la Reforma Judicial y del informe final que presentará la Comisión de Expertos a Alberto Fernández.

 

Desde esta perspectiva, la posición oficial está cuasi fracturada. Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, apuntan a formalizar una reforma judicial que defienden desde hace años, mientras que Cristina Fernández pretende coronar su jugada política para lograr una mayoría automática en la Corte Suprema.

 

 

El plan de la Vicepresidente se ajusta a derecho. Un proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema se logra con mayoría simple de ambas cámaras parlamentarias. Y el peronismo tiene mayoría en el Senado y la posibilidad de lograr número en Diputados. Será todo legítimo, aunque su interés político pone en jaque a la independencia del Poder Judicial.

 

“La modificación de la cantidad de miembros de la Corte es una potestad del Congreso de la Nación. No porque así esté especialmente establecido en el texto constitucional, sino por analogía con la potestad del Congreso de crear tribunales inferiores, de crear leyes de procedimiento judicial y por las potestades implícitas. El quórum para una ley de ese tipo es el ordinario (mitad más uno de los presentes, mientras estén presentes la mitad más uno de los totales). El Congreso ha ejercido esta potestad en 1862, 1960, 1966 1990 y 2006. Advierto en este punto concreto de la proclamada reforma, el único que el Gobierno tiene en mente para beneficiar a la multiprocesada vicepresidenta”, explicó a Infobae Félix V. Lonigro, profesor de derecho constitucional.

 

 

Cuando esa ley sea promulgada en el Boletín Oficial, su vigencia será indiscutible y gatillará la segunda parte de la estrategia diseñada por Cristina Fernández. Este tramo del plan apunta a la parálisis de la Corte y a forzar una negociación política con la oposición para acordar la designación de los futuros miembros del alto tribunal.

 

Desde la eventual promulgación de la Ley de Ampliación, la Corte necesitará cinco votos para emitir sus sentencias por mayoría, un número difícil de alcanzar si se tiene en cuenta las diferentes miradas que tienen entre sí Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, por citar un ejemplo. En este contexto político, y ante la incertidumbre institucional, la oposición no tendría otra alternativa que negociar con el oficialismo.

 

Y eso es lo que pretende Cristina Fernández con el proyecto que piensan a su alrededor. Apuesta a un acuerdo con la oposición, que le daría una cierta legitimidad a la ampliación de la Corte, para finalmente obtener una mayoría automática de cinco -con aliados coyunturales- en un Tribunal conformado por nueve jueces.

 

La jugada de CFK está en marcha. Y sólo se podría trabar con dos movimientos sucesivos. La Corte debería cuestionar los intereses políticos de la Reforma Judicial, que aún no ha hecho, y la oposición tendría que exigir -cuando la iniciativa ingrese al Congreso- que sólo alcanzará su vigencia cuando los futuros miembros de la Corte asuman tras jurar ante la Constitución Nacional.

 

Si no hay futuros integrantes, no hay ampliación efectiva. Y si no ampliación, el plan de Cristina quedará en eso: un plan.

 

infobae.com