El empresario otra vez se negó a participar de la audiencia
Luego de más de un año y medio de audiencias, el juicio de la “ruta del dinero K” finalmente ingresó hoy en la etapa final, con los alegatos de las defensas. El primer turno es para los abogados del principal imputado, el empresario Lázaro Báez. Serán al menos tres audiencias, cargadas de acusaciones contra los jueces y fiscales que participaron de la investigación judicial. También aparecieron innumerables referencias a los medios de comunicación y al arrepentido Leonardo Fariña.
El alegato arrancó con un tono político y hasta con una alusión a los “sótanos de la democracia”, un término que suele utilizar el presidente Alberto Fernández para referirse a los servicios de inteligencia. “La causa fue una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”, lanzó la abogada Elizabeth Gasaro.
En otro tramo, esa misma abogada dijo que “la sociedad espera una respuesta de la Justicia” y hasta se refirió al proceso de recuperación de la democracia argentina. “Han fracasado los acusadores, no pudieron construir una hipótesis, la acusación estuvo predeterminada desde un principio”, cerró su introducción.
Luego de los pedidos de penas de las querellas y la Fiscalía, hoy comenzaron los alegatos de las defensas. El TOF 4 dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27.
Según fuentes del tribunal consultadas por Infobae, se calcula que serán al menos dos meses de audiencias, a razón de dos por semana, hasta llegar a las últimas palabras y a la sentencia.
La defensa de Báez también decidió atacar a Leonardo Fariña, el primer arrepentido de la corrupción kirchnerista. El abogado Juan Martín Villanueva lo tildó como un “mentiroso compulsivo” y leyó varios segmentos de la causa de Dolores, donde Fariña nunca fue citado a declarar. Pese a los sucesivos intentos de varias de las defensas para intentar probar que el testimonio del arrepentido ante el juez Sebastián Casanello estuvo “guionado” por servicios de inteligencia, ese expediente tramita al margen de “la ruta del dinero K”.
“Los lazos con los agentes de inteligencia no fueron controvertidos, pero las partes acusadores no dijeron nada sobre eso”, se quejó el abogado, que también leyó en voz alta una carta manuscrita de Fariña aportada por la abogada Gisele Robles, ex defensora del arrepentido, en la causa que lleva adelante Alejo Ramos Padilla.
El abogado de Báez, que se negó nuevamente a participar de la audiencia desde la sala de conferencias de Ezeiza, aseguró que la causa judicial contra el empresario y sus hijos acumula “extorsiones a empresarios, filmaciones, escuchas ilegales, amenazas a abogados, y la utilización de agentes orgánicas e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia”.
En el alegato -matizado con videos de programas de televisión, tapas de diarios y declaraciones públicas de algunos de los imputados- Villanueva también le apuntó al programa Periodismo Para Todos (PPT) que dio origen a la investigación judicial. “El único origen de esta causa es una producción televisiva”, dijo. Y pidió que “se excluya (de la causa) el programa y el testimonio de Elaskar y Fariña”.
En otro tramo de su intervención, el abogado aseguró que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.
Sobre la detención de Báez, en abril de 2016, la defensa sostuvo que estuvo basada en una premisa “falsa”. “Se comprobó que era falso que no existía un plan de vuelo. Acá declararon algunos pilotos que dan cuenta de eso, no hubo riesgo de fuga”, sostuvo el abogado del empresario.
Gasaro optó por leer sus intervenciones, con visibles dificultades.
El empresario sigue detenido en la cárcel de Ezeiza. Ayer, la Cámara de Casación decidió bajarle la fianza a $386 millones y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que se expida nuevamente sobre su libertad. Si el tribunal, con otra composición, no hace lugar a la prisión domiciliaria de manera automática y mantiene la fianza, el empresario podría terminar el juicio detenido porque sus abogados ya dijeron varias veces que no puede pagar una fianza, ni siquiera ofreciendo un seguro de caución.
Báez y el resto de los imputados están acusados de llevar adelante una maniobra de lavado de dinero de más de 60 millones de dólares. A la hora de pedir penas, el fiscal Abel Córdoba tuvo cuenta como ilícitos precedentes las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.
Córdoba detalló en su alegato los llamativos cambios en la defensa de Báez a lo largo del juicio: “Comienza negando todo. Cuando aparece la prueba, admite que estaban los fondos pero no eran ilícitos y asume la propiedad. Cuando los fondos son ilícitos, no hay motivación válida”.
En lugar de referirse a la “ruta del dinero K”, los abogados de Báez no solo apelaron a la causa de Dolores sino también al expediente que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, donde se investiga el supuesto espionaje ilegal a los llamados “presos k” alojados en el IRIC.
Villanueva se refirió especialmente a un documento de Excel, encontrado en el teléfono del espía Leandro Araque. Ese archivo contenía información sobre los presos en la mira: la causa por la que estaban tras las rejas, sus abogados y contactos, y quién se encargaba de escuchar sus conversaciones.
El abogado aseguró que está probado que los teléfonos de los abogados “se clonaban” y se refirió a las escuchas filtradas en la causa conocida como “Operativo Puf”. “Vayan a la Secretaría de Inteligencia y pidan sus legajos”, instó el joven abogado a sus colegas.
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