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Diego Frutos (55), el propietario de la cabaña La Cristalina ubicada en Villa Mascardi, reiteró sus críticas a la falta de intervención ante las tomas de tierras en Río Negro, y a una “mesa de diálogo” que aún no ha tenido resultados para la pacificación de la zona.

 

 

“Llevan más de 30 hectáreas tomadas. Están liderados por políticos, punteros, una gremial de abogados que les llevan alimentos. Y reclutan gente de diferentes barrios”, denunció Frutos, en diálogo con radio La Red.

 

 

Frutos vive en Buenos Aires, pero tiene una casa de veraneo en la zona de Villa Mascardi. A comienzos de agosto, volvió a ser blanco de hechos de violencia. “Hubo varios intentos de toma de mi cabaña. El lunes y martes hubo varias trifulcas en el lugar con gente de seguridad privada de un predio contiguo al mío”, apuntó. “Le tiran piedras a los que pasan por la ruta, ni se puede ir a la playa a un muelle tradicional de la zona”, agregó.

 

 

Desde el fin de semana, la región volvió a ser un eje de controversia por una movilización de vecinos contra las tomas de tierras de grupos mapuches, que involucró el impulso de una investigación penal desde el Gobierno nacional. Según argumentó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, tenían indicios de que algunas personas acudirían armadas a la marcha con la intención de disparar contra miembros de la comunidad que está ocupando tierras.

 

 

La gobernadora Arabela Carreras intentó frenar la movilización por temor a un enfrentamiento violento. El episodio generó tensión también con la oposición de Juntos por el Cambio, que exigió a la ministra Sabina Frederic para que se presente al Congreso.

 

 

Ayer, la gobernadora Carreras se reunió con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero y las ministras de Seguridad, Sabina Frederic y de Justicia, Marcela Losardo, para tratar el conflicto territorial en la zona de Villa Mascardi. Tras ese encuentro, la mandataria provincial indicó que desde el Gobierno nacional “nos pidieron un poco más de tiempo”. Sin embargo, aclaró: “No reconocemos como interlocutores a personas que actúan encapuchadas, porque no es un comportamiento propio de la democracia”.

 

 

Los restos de una cabaña incendiada tras los ataques

 

 

La tensión en la zona está presente desde noviembre de 2017, cuando el juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó el desalojo del predio ocupado por el grupo mapuche identificado como el lof Lafken Winkul Mapu. Desde entonces, hubo hechos vandálicos y de violencia que dejaron como saldo incidentes graves entre los propietarios y ocupantes. El peor fue el que terminó en la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, que recibió un balazo durante un operativo de Prefectura Naval.

 

“Nadie quiere situaciones de violencia, necesitamos la presencia del Estado nacional, no pedimos represión, pero sí reclamamos más presencia de Parques Nacionales y Gendarmería”, planteó la gobernadora Carreras.

 

La mandataria provincial confía en que el espacio generado por el Gobierno nacional con los grupos enfrentados obtenga un avance concreto. “Desde Nación nos indicaron el largo trabajo que vienen realizando en materia de diálogo con la comunidad y estamos a la espera de que ese proceso tenga resultados”, plantearon desde la provincia de Río Negro.

 

Sin embargo, los propietarios de Villa Mascardi consideran que esas instancias de resolución de conflictos sean una salida adecuada y se sienten “desamparados totalmente” tanto por el Estado nacional como provincial.

 

“Se pasan la pelota entre la Provincia de Río Negro y Nación”, se quejó Frutos.

 

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